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Política y Economía
03:18 PM / 13/09/2016
Ley de Tierras de la Asamblea Nacional veta adjudicar expropiaciones
Heilet Morales
Archivo Asamblea Nacional
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En los 181 artículos del proyecto de nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que prepara la Asamblea Nacional se privilegia el concepto de propiedad sobre el campo venezolano y el de productividad en el tema del latifundio, antes que la idoneidad de uso de las tierras.

“El Instituto Nacional de Tierras no podrá otorgar la propiedad, ni hacer ningún tipo de adjudicación sobre las tierras y sus bienhechurías,  que hayan sido ocupadas por esta institución con medidas o actuaciones ejecutadas, mediante actos administrativos de rescate; de expropiación u otros métodos violatorios de los Artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dice el artículo 10.

De acuerdo con el texto propuesto, al que tuvo acceso PANORAMA,  “solo podrá ser otorgada la propiedad en aquellas unidades de producción que mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, de acuerdo con el Articulo 115 de la Constitución, se hayan garantizados los derechos de los propietarios de las tierras y bienhechurías afectadas”.

A diferencia de la actual ley, cuya última modificación se produjo en el 2010,  que avaló ingentes expropiaciones de privados en el campo venezolano y adjudicó tierras a pequeños y medianos productores.

En el concepto del latifundio también se abren sensibles diferencias. Mientras en la ley modificada en el 2010 “se entiende por latifundio toda aquella extensión de tierras que supere el promedio de ocupación de la región o no alcance un rendimiento idóneo del ochenta por ciento (80%). El rendimiento idóneo responderá a la votación de uso agrícola de la tierra y su capacidad de uso agroproductivo, de acuerdo a planes y políticas del Ejecutivo Nacional, en el marco de un régimen que favorezca el bien común y a la función social”, artículo 7.

En el proyecto de la Asamblea Nacional, en su artículo 5, “se entiende por latifundio toda aquella extensión de tierra, que esté improductiva con un nivel de ocio de un 80%  y una escasa o baja productividad de la tierra que supere el promedio de la región”. 

En cuanto al capítulo de expropiación agraria, la ley vigente, en su artículo 68 es muy amplia y dice: “Se declaran de utilidad pública o interés social, las tierras con vocación de uso agrícola, las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población, conforme a lo previsto en el artículo 305 de la Constitución de la República”.

La propuesta de la AN limita este privilegio a “las tierras con vocación de uso agrícola, pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras, las de propiedad de la República, baldías nacionales y baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios”, artículo 27.

No obstante, en el artículo 28 abre la posibilidad de expropiar a privados cuando “fueren necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, para asegurar su potencial agroalimentario”.

En lo que sí coinciden ambos texto es en las disposiciones transitorias y derogatorias y finales, casi que de manera textual.

Ambas ordenan derogar el Instituto Agrario Nacional (IAN), de 1960; transferir la totalidad  de las tierras rurales al Instituto Nacional de Tierras (Inti); también derogan la antiquísima Ley de Reforma Agraria, promulgada por el Congreso de la República de 1960, pero el actual proyecto del Parlamento nacional omite la derogatoria de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que dictara el presidente Hugo Chávez en el 2001 que dio paso al Inti instancia que sí reconoce el texto propuesto.

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