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Actualizado hace 29 minutos

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Experiencia Panorama
09:00 PM / 16/10/2019
Francisco Rodríguez: El Poder Legislativo no puede declarar una deuda ilegal
Heilet Morales
Agencias

Por estos días el tema Citgo y la deuda del bono Pdvsa 2020 copará la agenda económica del país. El 29 de octubre hay que pagar 913 millones de dólares con la nación sumida en una brutal crisis política y una virulento “crash” económico que tiene a Citgo en la picota.

El economista venezolano Francisco Rodríguez pone las cosas en blanco y negro, no sin antes pasar por una “escala de grises legales”.  “Aquí las cosas dependen de las decisiones de algunos actores y, en particular, del Gobierno de EE UU”. Sobre este último, opina, basta con que Washington “apruebe una orden ejecutiva o una medida del Departamento del Tesoro que impida el embargo del activo, EE UU tiene la facultad de hacerlo (…)Si dictan esa orden ejecutiva no se pierde”.

En conversación con PANORAMA desde Nueva York, el director de la Fundación Petróleo por Venezuela, se refirió también a la “escala de grises legales” que se plantea de cara a una corte de Nueva York. 

Su planteamiento pasa porque  “el Poder Legislativo se atenga al Poder Judicial, esto es importantísimo entenderlo, el Poder Legislativo no puede decidir sobre la legalidad, ni la constitucionalidad de nada, el Poder Legislativo no puede declarar una deuda ilegal, esa es potestad del Poder Judicial”.

“El gobierno de Guaidó planteará que no quiere pagar ese bono porque violó el artículo 150 de la Constitución y el juez de Nueva York le va a responder denme el fallo del Poder Judicial que dice que el Gobierno violó la Constitución, no puedo tomar la palabra de usted que tiene el Poder Ejecutivo o Legislativo, que en el caso de Guaidó se mezclan, tomo la palabra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, opina Rodríguez quien recomienda que la decisión pase por el tribunal del exilio que, eventualmente, reconocería un juez de Nueva York.

— ¿Cuál es su expectativa del desenlace con el caso Citgo?

— Es bastante difícil hacer algunas predicciones, aquí las cosas dependen de las decisiones de algunos actores y, en particular, del Gobierno de EE UU.  Supongamos que el Gobierno de EE UU no hace nada, o sigue haciendo lo que hasta ahora, el 28 de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares, si ese pago no se hace; entonces los acreedores tienen el derecho de ejecutar la garantía y ese es un proceso relativamente sencillo, desde el punto de vista jurídico en EE UU.

Los sistemas legales en Estados Unidos le dan un nivel central al cumplimiento de los contratos, además, cuando se pone algo en garantía de un préstamo es como si lo llevaras a una casa de empeño, cuando está ahí, si no pagaste no tienes que traer abogados ni nada, simplemente se la quedan; técnicamente la garantía del bono Pdvsa 20 es así: el activo está en manos de una entidad, que se llama el agente del colateral, esta es una compañía contratada por las partes para tener la garantía en su posición.

Las acciones de Citgo Holding en este momento no están en manos de Pdvsa. El agente del colateral firma un contrato en el que dice: Si Pdvsa no paga bajo estas condiciones, con estos períodos de gracia, entonces  el agente del colateral tiene el deber de traspasarle ese colateral a los acreedores, para que se venda y en base a los ingresos derivados de esa venta se le pague a los acreedores y cualquier remanente lo regresa a esa empresa. Esto lo que quiere decir es que aquí hay un proceso bastante expedito que se puede dar si Pdvsa no paga.

Ahora, hay dos preguntas que nos podemos hacer: ¿va Pdvsa a pagar o no?, ¿Tiene Pdvsa el dinero para pagar? Comencemos por el dinero, a principios de año el asesor de seguridad, John Bolton, dijo que con el reconocimiento de Guaidó y con las sanciones económicas a Venezuela se le habían congelado 7 mil millones de dólares al Gobierno de Maduro, de acuerdo con lo dicho por la Casa Blanca habían 7 mil millones de dólares, ese dinero pertenece al gobierno de Guaidó, pero puede que esto siga congelado, y el Guaidó no tenga acceso a ellos sin la autorización de EE UU, ahí comenzamos a ver el rol de la administración Trump en esto.

Si EE UU permite que el Guaidó utilice esos 7 mil millones de dólares, entonces tendrá una mayor capacidad de pago que si no se lo permite. El dinero está ahí, la pregunta es si EE UU lo permite.

Después de eso está una decisión, política, del gobierno de Guaidó  de pagar y explicarle a los venezolanos por qué se están pagando a acreedores internacionales si hay tantas necesidades en el país que se podrían solventar con esos recursos.

A su vez hay otra decisión de EE UU y es aprobar una orden ejecutiva o una medida del Departamento del Tesoro que impida el embargo del activo, EE UU tiene la facultad de hacerlo, el gobierno de Guaidó lo ha venido pidiendo, pero EE UU hasta ahora ha decidido no hacerlo. Si dictan esa orden ejecutiva no se pierde y el gobierno de Guaidó no tiene que pagar, si no la dictan hay que pagar o se pierde y entonces entramos en una controversia más reciente, si el bono se puede desconocer.

— Esta semana la AN demandó la nulidad del bono, sin embargo, en abril pasado se pagaron intereses de este mismo bono, ¿qué pasó entonces, por qué se pagó en aquel momento y ahora se demanda?

— Vimos un tuit de Ricardo Haussman, quien ya no es miembro del equipo económico de Guaidó, pero lo era en ese momento (no me queda claro si sigue llevando la comisión de reestructuración de deuda) él dice: ‘En abril pagamos bajo protesta porque no estábamos preparados para ir a juicio, hoy sí lo estamos’.

En esa afirmación vemos que  el gobierno de Guaidó pensaba que no estaban dadas las condiciones legales, tal vez no tenían el equipo legal, no habían desarrollado la estrategia, sería bueno preguntarle a Haussman qué quiere decir exactamente preparados, cuál es la preparación que se hizo entre abril y aquí.

Cuando el pago se hizo en abril, se hizo bajo la figura de bajo protesto, eso quiere decir: nosotros estamos pagando porque entendemos que si no pagamos se puede perder Citgo. Este pago no quiere decir que estamos aceptando la obligación. Voy a poner una analogía que tal vez sea útil, esto es como cuando a una persona la despiden y le pagan una liquidación que es menor de lo que la persona piensa que puede recibir, la persona puede recibirlo y cuando el acuse de recibo dice: ‘Lo recibo, pero esto no quiere decir que estoy aceptando el monto, me reservo el derecho que se me pague mi liquidación completa’.

El gobierno de Guaidó hizo algo así en abril, eso es entendible, no creo que eso sea problemático, me parece bien, ahora creo que la pregunta es: ¿Si sabías que el bono era ilegal y sabías que tenías que demandar y sabías que esto iba a terminar en las cortes, entonces por qué no demandaste en abril? ¿cuál era la preparación que faltaba? Porque si hubieses demandado en abril no tendrías que haber pagado los 72 millones y ese dinero se hubiera utilizado para las necesidades de la nación. Para mí esa es la pregunta clave con respecto a este tema. No obstante, creo que el pago de abril no inhabilita a la administración de Guaidó para sostener al argumento de ahora, lo que pasa es que el argumento de ahora va a ser difícil hacerlo de una forma consistente en una corte americana, sin el apoyo del Poder Judicial.

— ¿Por qué no sería consistente?

— El argumento de legalidad que el gobierno de  Guaidó pone suena muy sensato: Este es un contrato de interés público nacional, el Gobierno no lo envió a la Asamblea, por tanto el Parlamento no lo aprobó, más bien la Asamblea Nacional lo negó y ahora se está ratificando y eso quiere decir que ese bono no está aprobado por la AN y es ilegal. Ese es, en resumidas cuentas, el argumento de ellos.

El problema de ese argumento es que no creo que se pueda decir que el bono es ilegal, lo que se puede decir es que el procedimiento bajo el cual se emitió el bono es inconstitucional, que es otra cosa.

El bono cumplía con la ley en ese momento porque la Ley Orgánica de Administración Financiera dice, en su artículo 101, que Pdvsa está exenta del requisito de presentar sus operaciones de crédito público para aprobación de la Asamblea Nacional, esta es una ley que está en vigencia desde el año 2000. La legislación venezolana permitía que Pdvsa hiciera lo que hizo y esa es la razón por la cual ese bono no fue controversial en su momento.

Si uno analiza el informe de la Asamblea del 2016, ese informe no discute el tema de ilegalidad, el informe dice que la Asamblea objeta la conveniencia económica de utilizar el activo como garantía, no dice que eso lo tenía que aprobar la Asamblea.

Sin embargo, yo sí creo que se puede usar un argumento de que la Ley Orgánica de Administración Financiera y en particular esa excepción de Pdvsa es inconstitucional, pero para validar este argumento de inconstitucionalidad, tienes que ir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y esa sala tiene que dictaminar que la ley es inconstitucional. Eso solo lo puede hacer el Poder Judicial, ahora cuál: el TSJ  de Caracas o el del exilio, eso no está claro; si la Asamblea Nacional reconoce al TSJ en el exilio, puede presentarlo, o puede ser el de Caracas, eso compete a la Asamblea Nacional decidirlo, ellos no reconocen al Presidente de la República, tampoco reconocen al TSJ porque no han acatado sus sentencias, entonces obedecen al Tribunal Supremo en el exilio.

En todo caso, el Poder Legislativo tiene que atenerse al Poder Judicial, esto es importantísimo entenderlo, el Poder Legislativo no puede decidir sobre la legalidad, ni la constitucionalidad de nada, el Poder Legislativo no puede declarar una deuda ilegal, esa es potestad del Poder Judicial. Tú puedes llevarlo a una corte y la corte puede decir que es ilegal, pero si la corte no lo dice, lo tienes que pagar, eso es lo que se llama el principio de legalidad.

— Entonces el pronunciamiento de inconstitucionalidad e ilegalidad  del bono que hizo el martes el Parlamento naufraga?

— Recomiendo que si esta estrategia legal se quiere llevar a cabo tiene que llevarse al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio porque es el que la Asamblea Nacional reconoce. Esto tiene que llegar a una corte de Nueva York y un juez de Nueva York no puede decidir si se violó la Constitución venezolana o no. El juez de Nueva York no tiene jurisdicción, pero tampoco tiene competencia, el juez de Nueva York no puede decidir una materia que se tendría que decidir sobre la base de la jurisprudencia venezolana. El juez de Nueva York tiene acceso a la jurisprudencia estadounidense. Qué puede decir el juez: bueno entréguenme los fallos , el gobierno de Guaidó planteará que no quiere pagar ese bono porque violó el artículo 150 de la Constitución y el juez de Nueva York le va a responder denme el fallo del Poder Judicial que dice que el Gobierno violó la Constitución, no puedo tomar la palabra de usted que tiene el Poder Ejecutivo o Legislativo, que en el caso de Guaidó se mezclan, tomo la palabra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Ahora, ¿cuál va a ser para el juez de Nueva York el tribunal Supremo de Justicia de Venezuela?, se va a seguir el mismo principio que se ha seguido para que los tribunales norteamericanos reconozcan  al gobierno de Guaidó, no al Gobierno de Maduro y es que en EE UU se establece el principio de deferencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento de Gobierno y de Estados. Cuando una corte americana iba a decidir si aceptaría al abogado designado por Guaidó o al abogado designado por Maduro, el juez americano no se puso a leer el artículo 233 de la Constitución, ni se preguntó si la juramentación se tenía que hacer en el hemiciclo o no. El juez americano lo que hizo fue consultar una publicación que le mandó el Departamento de Estado en la que dice que el gobierno reconocido de Venezuela es el de Juan Guaidó, el mismo principio aplica a nivel del Poder Judicial.

Si el Departamento de Estado le dice a la corte que tiene que reconocer al TSJ en el exilio, la corte lo hará y, por lo tanto, ese es el tribunal supremo al que tiene que ir la Asamblea Nacional. Yo supongo que al TSJ de Caracas no irán porque si no han acatado las sentencias del TSJ es evidente  que no lo reconocen.

Tú no te puedes presentar a una corte sin un fallo del Poder Judicial si estas alegando que se violó la Constitución, eso no tiene sentido porque ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo tienen  la potestad de decidir si se ha violado la ley o la Constitución, es una potestad exclusiva, en nuestra Constitución, del Poder Judicial y en el caso de violaciones a la Constitución que es lo que se tendría que alegar aquí, de la Sala Constitucional.

— Apenas a dos semanas del vencimiento del bono decide la Asamblea Nacional sobre el tema, es todo un poco improvisado?

— (…) No me voy a adelantar a juzgar la estrategia porque quizás sea muy bien desarrollada y  habían planeado presentarla en este momento.

Lo que sí creo es que este tema hay que verlo con un poco más de perspectiva. Al Gobierno que le toque gobernar en Venezuela va a tener que sentarse con los acreedores, sentarse con los mercados de capital, con los inversionistas, con las empresas petroleras, con los bancos, con los entes multilaterales, con las compañías extranjeras localizadas en el país y con todos ellos hay que incentivar una relación que sí debe ser de firmeza en la defensa de los intereses del país, pero también debe ser ganar ganar.

La pregunta que uno se tiene que hacer aquí es que si tenemos un gobierno que es reconocido por casi 60 países, el de Guaidó, un gobierno integrado por profesionales muy competentes, como Ricardo Haussman, como José Ignacio Hernández, como Alejandro Grisanti, con larga experiencia en los mercados, por qué es tan difícil ponerse de acuerdo con fondos de inversión norteamericanos y estadounidenses.

En el caso del bono Pdvsa 20, el 75% del bono está en manos de tres fondos de inversión, uno de ellos inglés y otros dos estadounidenses, fondos muy reconocidos. Esta es la gente con la que Venezuela debería ser capaz de llegar a un acuerdo porque además son los inversionistas que Venezuela va a necesitar para recuperar su economía en el momento que haya una transición.

Hay que ver con mucho cuidado el desarrollo de las estrategias de conflicto porque se puede correr riesgo, me preocupa que veo  a algunos funcionarios del gobierno de Guaidó utilizando un lenguaje claramente  hostil a acreedores internacionales, aquí estamos hablando de que el 97% del bono Pdvsa 20 lo tienen fondos de inversión internacionales, son conocidos, reconocidos, de larga reputación, de larga historia establecidos en EE UU y en Europa, si desarrollas una actitud hostil, de enfrentamiento hacia los inversionistas internacionales, entonces no te debería sorprender que después no quieran invertir en el país, eso no quiere decir que no se tenga firmeza en la defensa de los intereses, eso quiere decir que se tiene que estar consciente de que el país necesita a la inversión para poder desarrollarse, necesita a los mercados de capitales internacionales, necesita al sector privado y que si el nuevo gobierno de Venezuela se enfrasca en peleas y disputas con el sector privado se cometerá el mismo error que ha llevado al país a tener un pobre desempeño económico en las últimas décadas.

— Del otro lado de la acera está Rusia, Rosneft también con garantía del bono 2020, ¿ese factor geopolítico puede jugar a favor del aseguramiento del activo de Citgo por parte de EE UU?

— Rosneft tiene un elemento diferente del bono Pdvsa 20. Ese bono está garantizado con 50,1% de las acciones de Citgo Holding que es la casa matriz de Pdvsa. El préstamo de Rosneft está garantizado con el otro 49,9%. El préstamo de Rosneft, a diferencia del de Pdvsa 20, se está pagando, lo hace el Gobierno de Maduro porque le interesa mantener la relación con Rosneft, ellos le ayudan a vender petróleo, le proveen gasolina, hay un tema geopolítico, independientemente de que hayan  caído en default con muchos otros acreedores, siguen cumpliendo con las deudas de Rusia y de China, por ese lado no hay un peligro.

Sin embargo, hay algunos legisladores estadounidenses que han alertado de que si Venezuela cae en default con los tenedores del bono Pdvsa 20, entonces eso va a llevar a que se de lo que se llama un default cruzado, que el préstamo de Rosneft también entre en default y que por lo tanto Rosneft se haga posesión de la empresa, ese temor, en mi opinión no está justificado, desde el punto de vista formal podría ser así, pero la realidad es que la figura del default cruzado es que si tú tienes dos deudas y si haces un default sobre una, la otra debería ser considerada “defaulteada”, pero eso solo es relevante si el otro acreedor quiere ejercer su derecho a cobrarse con ese default. Si Rosneft dice que no le importa que no le paguen al Pdvsa 20 porque tengo buena relación con Maduro, entonces no pasa nada.

— ¿De los 13 mil millones “defaulteados” ya por Venezuela, cuántos están en fondos buitre y cuántos en fondos de solvencia y reconocidos?

— Es difícil saberlo. Hasta ahora, los fondos buitre han tenido poca participación. Sin embargo, a medida que pase el tiempo hay un efecto que se está dando, justamente como resultado de las sanciones, hay algunas sanciones de enero de este año que impiden la compra por parte de entidades estadounidenses de bonos de Pdvsa y la República, eso quiere decir que los únicos que los puede comprar son entidades no estadounidenses y algunos  de los fondos más establecidos se han estado deshaciendo de sus tenencias que han entrado a mercados no muy regulados, hay la sospecha de que se ha desarrollado una posesión creciente de fondos buitre.

Sin embargo, ese no es un tema con el Pdvsa 20, ahí no tenemos fondos buitre que en lugar de buscar acuerdos amigables tratan de litigar contra el deudor para quitarle activos.

El fondo buitre más importante con el que se encuentra Venezuela no es un fondo que tiene bonos, es el que tiene la deuda de Cristallex. Ese caso está siendo manejado por un fondo buitre que compró esa deuda  y esta es la razón por la que ese caso ha sido tan problemático para Venezuela porque han llevado adelante una estrategia legal muy efectiva, ese problema se puede profundizar y eso sí va a ser un problema para la reestructuración.

— Las sanciones le apuntaban a la transición política que no se ha logrado, lo que sí se ha logrado es una transición hacia un aceleramiento de la destrucción económica del país, ¿cree que ha llegado el momento de revisar la política de sanciones hacia el país?

— Es un tema muy controversial, que mueve muchas pasiones. Además, no ayuda la confusión que hay entre distintos tipos de medida porque es muy distinto que se congelen las cuentas de los comandantes de la Guardia Nacional involucrados en la represión contra la protesta a que impidan la compra de petróleo venezolano por parte de EE UU.

No me gusta hablar de sanciones como un todo, hay que distinguir  entre las sanciones personales y las medidas económicas que se han tomado hacia el país que se asemejan más a un embargo financiero y petrolero.

Uno se consigue con gente de la oposición que te dice que el único poder de negociación que tenemos viene de las sanciones y la única posibilidad de lograr concesiones del Gobierno viene de las sanciones, por eso, entendiendo que la discusión sobre las sanciones puede terminar siendo improductiva, gústennos o no EE UU no va a quitar las sanciones hasta que haya cambio de Gobierno.

 La pregunta que nos debemos hacer es cómo se puede el país ajustar a la existencia de las sanciones para proteger a los sectores más vulnerables y, en particular, si se puede conseguir a través de un acuerdo político que se cree lo que llamamos el Acuerdo Petrolero Humanitario que sea un programa que permita que Venezuela vuelva a vender petróleo a EE UU, bajo la condición de que esos recursos se utilizan para la compra de alimentos, de medicinas, para los bienes esenciales supervisados  por la comunidad internacional, repartidos de forma despolitizada, es decir, esto quiere decir que se puede repensar el tema de las sanciones, pero no necesariamente quiere decir que la solución vaya a ser levantar las sanciones, porque aun siendo esa la solución eso no se va a lograr, llegar a un acuerdo petrolero humanitario, similar al que se hizo en Irak, aunque con diferencias , sí es algo factible y viable como acuerdo político y que permita atender los problemas de los venezolanos más vulnerables, si vamos a esperar un cambio político, eso puede tomar mucho tiempo y la gente tiene urgencias que no pueden esperar un tiempo que no sabemos cuándo va a llegar.

— ¡Porque lo que sí parece cierto es que el cambio político no está tan cerca?

— No sabemos cuándo va a llegar. Entonces tú no le puedes decir a la gente que no tiene cómo alimentar a sus hijos, que no tiene medicinas, que no tiene trabajo que se tiene que enfrentar a la decisión de si irse del país o no a que tienen que esperar a que llegue el cambio político. Y nuestros actores políticos, de ambos lados, tienen que hacerse en serio la pregunta de cuáles son los acuerdos mínimos, básicos para proteger a los venezolanos vulnerables de los efectos colaterales de esta crisis política, más allá de lo que se habla en Barbados, en Noruega que tal vez algún día lleguen a un acuerdo o tal vez no.

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