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Política y Economía
12:44 PM / 28/06/2017
Fiscal Díaz: “Magistrados son los ilegítimos, no toleran una auditoría”
Margioni Bermúdez
Captura TV

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, llamó a defender la Constitución y dijo que tanto ella como los fiscales del Ministerio Público desconocen las recientes sentencias del TSJ por considerar que son magistrados “ilegítimos” y que las decisiones no están ajustadas a la Carta Magna.

Se  refirió a la sentencia el TSJ  que otorga funciones del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo en rueda de prensa este miércoles 28 de junio.

Afirmó que las sentencias crean inseguridad jurídica y sostuvo que el Ministerio Público seguirá ejerciendo las funciones que le otorga la Constitución nacional.

“Todo para acabar la institución, para acabar el Estado, la inseguridad jurídica aumenta porque ahora las personas no saben dónde van a tener que defenderse, tendrán que ir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público porque vamos a seguir cumpliendo nuestro rol, el rol que constitucional y legalmente tenemos atribuido (...) Debes tener la certeza dónde te van te van a acusar y quién te va a investigar”, sostuvo.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este martes 27 de junio una sentencia  sobre las competencias del Defensor y de la Defensoría del Pueblo.

El ente Judicial admitió el recurso de interpretación emitido por el órgano del Poder Moral y solicitado por Tarek William Saab, que pide aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ortega Díaz señaló que no se pueden dar atribuciones “acomodaticias”. “Si se implementa con la Constituyente, lo que nos espera es  cualquier organismo público que ustedes porque me caen mal (...) lo investigo, lo sanciono y lo pueden privar de libertad”.

La funcionaria citó el caso del estudiante Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien murió el 26 de abril en las inmediaciones de la Torre Británica, ubicada en Altamira, municipio Chacao, durante una  protesta.

“Esta sentencia es para que muertes como la del joven  Pernalete sean ‘causadas’ por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional como realmente sucedió, ésa sentencia quizás es para acomodar decisiones que interesen a un grupo, o un sector, alguien quiere investigaciones penales  a su medida (...) por supuesto la represión irá en aumento y esta sentencia ¿será acaso para justificar la violación de los derechos humanos?”, recalcó en alusión a la versión que había ofrecido el ministro de Interior y Justicia.

“Alguien quiere investigaciones penales a su medida (...) Se está usando el derecho penal para vender al enemigo porque no lo puedo ganar con votos”, dijo.

“Aquí parece que un alto porcentaje del país es terrorista, lo que tenemos es terrorismo de Estado”, expresó.

La fiscal también se refirió a la sentencia de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró este martes nula la designación del vicefiscal General de la República, Rafael González Arias, designado el pasado 17 de junio por la fiscal General.

“Destituyen al vicefiscal abrogándose funciones propias del Ministerio Público (...) De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público corresponde a las funciones del fiscal general designar al vicefiscal (..) En todo caso quien tiene que ratificar o no es la Asamblea Nacional”, dijo.

“Quienes son ilegítimos son los magistrados, ésos no toleran una auditoría”, manifestó al reiterar que no existe un desacato por parte de la Asamblea Nacional. “Éso no existe”, subrayó.

“Llamo a todos los venezolanos a mantenerse apegados a lo que dice la Constitución (...) y mantenerse actuando en función de la tranquilidad del país”, dijo la fiscal.

“Les dije que no iba a permitir que derogaran la Constitución”, reiteró al decir que “cualquier ciudadano tendrá el deber de defenderla (...) En consecuencia yo desconozco estas sentencias”.

Dijo que los fiscales del Ministerio Público desconocen estas decisiones y expresó que “todo el país debe acogerse al artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
 

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

“No pueden unos ilegítimos magistrados, cuyas decisiones deberían ser motivo de respeto, de estudio (...) sí serán motivo de estudio en las escuelas de Derecho, pero para decirle  a los estudiantes lo que no sde debe hacer”, expresó.

“Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida”, exclamó la fiscal al término de la rueda de prensa.

 

 

 

 

 

 

 

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