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Actualizado hace 46 minutos

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Política y Economía
10:00 AM / 17/05/2019
Análisis: El papel que podría jugar la mediación internacional en favor de una solución política
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
archivo

Las agencias internacionales informan que representantes del Gobierno y Oposición venezolanas se encuentran en Noruega para discutir posibles opciones de paz. Este sorpresivo acercamiento se produce luego de cuatro meses de creciente tensión y sugiere que las fuerzas en pugna estarían buscando una opción alternativa, después de reiterados fracasos de diálogo para superar la crisis de gobernabilidad que está hundiendo a Venezuela en el caos y la pobreza.

En la radio y televisión estatales de Noruega, NRK, se informó que los representantes de ambos bloques se han estado reuniendo en un lugar secreto de la capital. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el diputado Stalin González y los asesores Gerardo Blyde y Fernando Martínez serían los enviados para retomar las negociaciones.

Noruega es uno de los países europeos que se abstuvo de reconocer a Guaidó como presidente interino y se limitó a llamar a nuevas elecciones libres en Venezuela. Tal postura ha sido interpretada como una demostración de la voluntad de ese país nórdico para mediar entre las partes rivales de Venezuela. En la historia reciente de conflictos mundiales, Noruega ha sido sede de importantes diálogos de paz y de acercamiento entre posiciones aparentemente irreconciliables.

En Venezuela urge encontrar una solución política y pacífica que evite el resurgimiento de la violencia que en los últimos conflictos de 2017 dejó más de un centenar de muertos, miles de heridos, detenidos, perseguidos, exiliados y una diáspora de venezolanos que ya se cuenta por millones. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que los extremistas que buscan exterminar a su contrario y ansían la rendición incondicional y humillante del otro, bloqueen un acuerdo político entre Gobierno y Oposición y finalmente lleven al país a una espiral de violencia civil que ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.

Cambios políticos no garantizan cambios económicos: el costo social del ajuste

Cualquier gobierno que sustituya al de Maduro recibirá un país en ruinas y, desde el inicio, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual No sería bien recibido en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para tener con qué repotenciar la destartalada infraestructura vial.

El nuevo gobierno tendría que ejecutar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar y privatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica  una considerable reducción de las abultadas nóminas de la burocracia pública.

Ese gobierno deberá acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones sociales y productivas que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa.  

Por si fuera poco, ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos, insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato productivo.

Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son pesados muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar. Nadie quiere arrancar su gestión enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.

A la mayoría de estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN. Por lo tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.

Necesidad de un Gobierno de Coalición

Un país no puede funcionar con dos Asambleas Nacionales, dos Tribunales Supremos de Justicia, dos Presidentes de la República. Una Nación bicéfala carece de una visión compartida y jamás podrá lograr una unidad de criterios que le de coherencia y eficacia a su acción. Esa situación no puede continuar y tiene que cambiar. Y la única opción para lograrlo en paz es reconociendo al contrario y sentándose a dialogar y negociar hasta lograr el entendimiento nacional.

Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros  rápidamente habrá perdido su credibilidad. Y con una producción de petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar.

Por eso, más allá del afán que tienen los aspirantes a instalarse lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica que sería mejor convocar las elecciones presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Para evitar que un nuevo gobierno pierda rápidamente la confianza y el apoyo del pueblo, es necesario evaluar con sensatez la conveniencia y viabilidad de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales para convocar primero las elecciones parlamentarias en diciembre de 2020 y luego las elecciones presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba del Gobierno de Coalición un país que pueda gobernar.

La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana. Las potencias que apoyan al Gobierno y a la Oposición pueden ser interlocutores muy importantes en la construcción de unos acuerdos básicos que reviertan la destrucción de la industria petrolera y de todo el aparato productivo nacional, con su estela de desempleo, pobreza, hambre y creciente diáspora de la población.

Canje de sanciones por incentivos para conformar un Gobierno de Coalición 

El régimen cubano acaba de cumplir 60 años y el bloqueo económico que empeoró sobremanera las condiciones de vida en la isla se quedaron muy lejos de provocar el cambio político que buscaban. Siria ha sido ferozmente bombardeada y después de siete años de guerra ya se habla de la victoria de Bashar al Asad. Corea del Norte por décadas ha estado aislada y la dinastía Kim se ha perpetuado en el poder. Las frecuentes sanciones contra Irán tampoco han provocado un cambio de régimen. Y cuando la intervención militar fue eficaz para derrocar un gobierno, a la larga resultó inútil para reestablecer la paz y recuperar la gobernabilidad. Así lo demuestran las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia y Siria, las cuales han disparado una espiral de violencia interna que no han podido contener.

La ineficacia de las sanciones puede reeditar en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando el bloqueo económico lanzó la isla a los brazos de la URSS y terminó convertida en un satélite soviético en el Mar Caribe. Maduro ya ordenó que la oficina de Pdvsa-Europa ubicada en Lisboa, sea trasladara a Moscú. Esto permitirá una mayor influencia de las petroleras rusas Rosneft, Lukoil y Gazprom sobre Pdvsa. El endurecimiento de las sanciones internacionales no es garantía de un cambio político. Por el contrario, puede tener un efecto contraproducente. A medida que se cierren los mercados económicos y financieros en EEUU y UE, el gobierno de Maduro buscará apoyo en Rusia y China, quienes pueden ofrecer auxilio financiero a cambio de más concesiones en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

La solución de la crisis venezolana no se logrará en los organismos internacionales como la ONU, OEA o UE, pero esto no implica que la solución política y pacífica deseada no tenga un alto componente geopolítico. Ante la inoperancia de los organismos internacionales para lograr una solución política y tomado en cuenta el apoyo que EEUU y la UE le han dado a la Oposición y del respaldo que Rusia y China le han dado al Gobierno de Maduro, la mediación de estas potencias sería un factor clave para que Oficialismo y Oposición retomen la negociación de una solución política y electoral. EEUU, UE, China y Rusia pueden acordar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  una oferta creíble al Oficialismo y la Oposición para conformar un Gobierno de Coalición, conformado por sectores democráticos y moderados de ambos bloques que se comprometan a priorizar el interés nacional. Este acuerdo se basaría en la sustitución de las sanciones por incentivos económicos y financieros a cambio del compromiso del Oficialismo y la Oposición para conformar un Gobierno de Coalición que saque al país de la crisis.  

¿Cuáles serían los incentivos al Gobierno de Coalición?

  • Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
  • Reapertura del mercado petrolero para las exportaciones de Pdvsa
  • Refinanciamiento de la deuda externa
  • Nuevo financiamiento internacional
  • Inversiones extranjeras para reactivar la economía
  • Ayuda humanitaria para atender la emergencia

¿Cuáles serían los compromisos?

  • Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
  • Liberación de los presos políticos
  • Rehabilitación de los partidos ilegalizados
  • Renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE)
  • Depuración y actualización del Registro Electoral Permanente (REP)
  • Convocatoria de Elecciones Parlamentaria en diciembre de 2010
  • Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
  • Garantías para la postulación de candidatos
  • Transparencia en el financiamiento de la campaña electoral
  • No uso de los recursos públicos para promover candidatos
  • Observación internacional de todo el proceso electoral

¿Cuál sería la misión del Gobierno de Coalición?

  • Concertar, aplicar y apoyar el Programa de Reformas Económicas
  • Convenir la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
  • Garantizar la seguridad jurídica a la inversión productiva
  • Respetar los derechos de propiedad
  • Garantizar derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones
  • Ofrecer incentivos para el desarme y pacificación de colectivos y paramilitares

Como puede apreciarse, se trata de concesiones que ambas partes harían para la conformación de un Gobierno de Coalición que contaría con apoyo internacional en función de viabilizar las medidas económicas necesarias para crear un clima propicio a la inversión y financiamiento de la reactivación productiva, en función de superar los problemas de escasez e hiperinflación.

Oficialismo y Oposición compartirán el mérito de los éxitos que logre el Gobierno de coalición y ninguno monopolizará estos logros para sacarles provecho en la  confrontación electoral. Un Gobierno de Coalición contribuirá también a bajar el volumen y des-radicalizar el discurso de la polarización política, en función de crear un clima de creciente entendimiento nacional.

Las parlamentarias se realizarán primero en diciembre de 2020 para dar tiempo al Gobierno de Coalición de aplicar el programa de ajuste económico y así liberar al nuevo presidente electo de tener que tomar medidas antipopulares, con el consiguiente costo político que lo llevaría a perder la mayoría en las elecciones parlamentarias. De esta forma, quien resulte ganador en las presidenciales, contará con una mayoría en la AN que apoye su gestión, y recibirá del Gobierno de Coalición una economía saneada -sin escasez y sin hiperinflación-, así como un país pacificado que se pueda gobernar.

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