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Opinión
06:47 PM / 10/11/2018
“Los 'buscadores' en la web y el derecho al olvido”
Hildegard Rondón de Sansó

 

Cuando se habla de “buscadores”, no se alude a las personas que se van a la selva a conseguir una mina de oro, sino a los “buscadores de internet”. Se entiende por tales, al conjunto de programas coordinados que se encargan de visitar cada uno de los sitios que integran la web, empleando sus hipervínculos, para hallar, leer, y crear un informe índice de todas las páginas que han sido leídas y registradas y, mantener una copia de esta información, para presentarla al solicitante de la búsqueda.

Si queremos una simplificación del concepto, podemos decir que el buscador electrónico es, para el público, como un diccionario que se puede consultar a través de internet, que no se limita a señalar el significado de las palabras, sino que informa sobre los aspectos relevantes del objeto de la consulta.

Los buscadores electrónicos permiten a alguien obtener en un tiempo breve, las informaciones que desee sobre cualquier materia, sujeto o circunstancia. Cuando se trata de datos referentes a las personas, los mismos parecieran vinculados a su titular en forma inamovible, característica que puede destruirse mediante el alegato del derecho al olvido.

Ante las reclamaciones hechas en contra de las menciones de los buscadores, las personas tenían que enfrentarse en una lucha frente al poderío de las organizaciones que se aferran al mantenimiento de los datos obtenidos, aun cuando sean violatorios de derechos humanos, tales como el buen nombre, la confidencialidad, la reputación o la dignidad. El estudio jurídico de la forma en que sean eliminados datos perjudiciales a un sujeto, se condensa en el aludido “Derecho al olvido”, mediante el cual los sujetos pueden liberarse de menciones de hechos pasados sobre su persona cuando los mismos son capaces de afectarlos.

El derecho al olvido se consagró con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13/5/2014. Todo se inició por una información existente en Google, España, que le atribuía al abogado Mario Costeja el haber sido declarado insolvente, situación ésta de su pasado ya superada. Ante la negativa de Google de eliminar la mención, fundado en que la había tomado de un periódico que, a su vez, se refería a un aviso oficial, el caso se llevó ante la Agencia Española de Protección de Datos que, a su vez lo plantearía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el cual, le reconocería el derecho al sujeto afectado por la publicación de Google, a obtener su remoción.

Nuestra norma fundamental para tutelar el derecho al olvido, es el artículo 60 de la Constitución vigente, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Agrega además una disposición sobre la Informática, que señala: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. Si bien no es consagratoria del derecho al olvido informático, es una mención genérica de la protección, como derecho humano inalienable, de cualquiera de los elementos esenciales de la personalidad.

La garantía del derecho al olvido es tutelable mediante la figura del habeas data, consagratoria del derecho de las personas de conocer todos los datos que los registros oficiales o privados mantengan sobre ellas o sobre sus bienes, así como del uso que se haga de ellos. La norma citada, acuerda la facultad de los sujetos de solicitar de los tribunales competentes que, los datos erróneos o que afecten ilegítimamente sus derechos, sean actualizados, rectificados, e incluso, destruidos. Es así como podemos proteger nuestro derecho al olvido, cuando con el mismo pretendemos que se borren las huellas que dejan los textos informativos sobre nuestros datos.

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