La solución es una / Por: Colette Capriles

Por:  Colette Capriles

Una emergencia dentro de la emergencia, es lo que vive Venezuela hoy. Así como el rango de respuestas que los distintos gobiernos han dado a la epidemia depende de sus capacidades de gestión pública y de su eficacia democrática, la que está dando el gobierno de Maduro está condicionada por una crisis catastrófica en lo político e institucional que tiene su origen en la destrucción del orden democrático y del pacto constitucional que lo caracteriza.

Si bien las medidas de impacto inmediato que se han aplicado, como la cuarentena general y la estrategia de autodescripción de síntomas para la detección de casos graves, corresponden a lo que recomienda la trágica y corta experiencia global que se tiene acerca de la mejor manera de contener el contagio, sabemos que el lamentable estado de la infraestructura sanitaria, de las comunicaciones, del transporte, de la actividad económica y de las condiciones generales de vida, hacen casi imposible la atención a los casos hospitalarios que necesariamente se producirán y, sobre todo, impiden que se atiendan los impactos de la cuarentena en la mayoría de la población, reducida a la supervivencia de la informalidad.

De hecho, impide la contención de la epidemia porque la cuarentena no puede ser respetada. Ello derivará, como ya vemos incipientemente, en la repetición de la fórmula con la que el gobierno de Maduro concibe la gobernabilidad: estrechar el control militar sobre la población.

Las medidas de estímulo fiscal, suspensión de impuestos y fortalecimiento de la red de bienestar social que se han visto en otros países fueron traducidas por Maduro como medidas restrictivas: mantener los altos impuestos, prometer un insignificante bono directo a 6 millones de beneficiarios, y otras que también reproducen la lógica de un Estado que extrae valor de la sociedad en vez de transferirle.

Hoy el gobierno de Maduro arrecia con su campaña de aprovechar la emergencia humanitaria global para abogar por un levantamiento de las sanciones internacionales. No clama, en cambio, por ayuda humanitaria ni ofrece a la sociedad venezolana una opción de concertación social y política para abordar la emergencia.

Pero ello es precisamente lo que la sociedad civil y política debe exigir. La oposición tiene en efecto el deber de actuar en esta emergencia y en la otra, en la aguda y en la crónica, porque sin una solución política que en primer lugar articule todas las capacidades para abordar la epidemia -es decir, la búsqueda de financiamiento externo y la gestión compartida, en términos de diseño y contraloría, de ese financiamiento-, y que a la vez reconstruya el tejido institucional del Estado, la recuperación del poder público, para edificar concertadamente un camino de salida de la crisis crónica, nuestro futuro se limitará a la normalización de la tragedia.

Son las instituciones democráticas las que están salvando vidas hoy en el mundo. Las consecuencias del secretismo autocrático ya las vimos. Esta pandemia y sus consecuencias se prolongarán aún más dolorosamente en Venezuela si no actuamos todos.

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