La represión contra los trabajadores como expresión violenta del "paquetazo de Maduro" / Por: Rafael Ramírez

Por:  Rafael Ramírez

El país ha asistido a la implantación de un modelo económico, el del madurismo, que hemos definido como un ¨modelo capitalista atrasado, profundamente dependiente y basado en el saqueo de nuestros recursos naturales¨, un modelo que se ha impuesto sobre las ruinas de la Quinta República y que ha provocado un retroceso de tal magnitud, que nos coloca a la cola de los países del hemisferio y uno de los últimos en el mundo entero.

Los efectos económicos del modelo de maduro están a la vista de todos, y los hemos denunciado reiteradamente. Esta última denuncia tiene el propósito, por cierto, de contrarrestar la implacable censura impuesta por el gobierno a todos los venezolanos y el silencio del miedo de los distintos sectores patriotas, revolucionarios y chavistas, cuyos dirigentes no se atreven a reconocer que este gobierno que tenemos ni es socialista, ni progresista, ni mucho menos, chavista.

Las consecuencias sociales del ¨paquetazo¨ de maduro, tienen tal vez su más trágica expresión en la diáspora de los venezolanos que, a partir de 2014 han salido del país, en una cantidad que alcanza 4,7 millones de personas, aunque las Naciones Unidas estima que este número puede haber alcanzado los 5 millones de venezolanos en el exterior.

Por otra parte, y siempre en el ámbito social, el país ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano, lo cual insistimos en denunciar porque el gobierno no publica ni publicará cifras al respecto. Intentan ocultar la verdad de la tragedia que significa que el 81 % de los venezolanos viva en la pobreza, con un sueldo mínimo mensual de 3.3 dólares, que el gobierno esconde para insistir que estamos en presencia de un modelo ¨que trae prosperidad¨ a nuestro pueblo.

Por supuesto que un modelo de estas características no se puede imponer más que a través del ejercicio de la violencia política y social. Es una violencia distinta a la vivida en los duros años de confrontación por el poder político en los años 2014, 2016 y 2017, donde el gobierno respondió de una manera brutal y criminal a las expresiones, igualmente irracionales, de las guarimbas y violencia callejera, de una posición inmediatista y fundamentalmente intolerante, que engañó y llevó a su propia gente a una muerte sin sentido y a episodios de violencia que, esperamos, no se repitan jamás.

En esta ocasión, nos referimos a la violencia que ha ejecutado el madurismo contra el pueblo, sus dirigentes populares y políticos, de forma diaria, permanente y sistemática, más parecida a la que ejerció el franquismo contra el pueblo español, una vez derrotada la República. Es esa violencia que complementa el control social, que se obtiene por la manipulación del hambre y la miseria, y que va orientada de manera puntual y específica a los sectores populares y a los dirigentes políticos y obreros que pudiesen hacerle frente al modelo político y económico que ha venido instaurando el madurismo, por cierto fracasado e insostenible.

No me voy a referir en esta oportunidad al caso de los dirigentes chavistas o exministros del gobierno del Presidente Chávez que hemos sido víctimas de la peor defenestración, persecución, exilio y prisión desarrollada de manera miserable por el mismo maduro y sus cuerpos de seguridad y ejecutada por personajes detestables como Jorge Rodríguez, traidores no sólo a la memoria de Chávez, sino en este último caso, a la de su propio padre. Hoy día, ellos  son tan represores y tan asesinos como los policías y los ministros de la Cuarta República. 

Esta violencia, que no tiene nada que envidiar a la podredumbre de las tácticas estalinistas, ya las hemos denunciado ante los organismos competentes de protección de los derechos humanos, y lo seguiremos haciendo ante todas las instancias internacionales que correspondan, puesto que los ejecutores de la violencia del Estado y los instigadores de las campañas del odio tendrán que rendir cuenta ante la justicia.

La violencia contra el pueblo se ha ejecutado en dos ámbitos: uno, que es masivo, y está dirigido a los sectores sociales más pobres, es decir, los venezolanos que  reciben en su vida diaria el peso y las consecuencias nefastas del paquetazo de maduro; y, otro, más selectivo, contra los dirigentes populares y los obreros, que resisten y reciben, sobre todo, en el ámbito de las empresas del estado, el impacto del desmontaje de todo lo que eran los pilares del modelo económico del Presidente Chávez, es decir, éstas y la Administración Pública.

La violencia contra los humildes tiene su más cruel expresión en los organismos parapoliciales y paramilitares, como el Faes y el Conas, que actúan imponiendo el terror en los barrios y en los campos de Venezuela. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado de manera valiente, precisa y con pruebas fehacientes, las más de 5.800 ejecuciones extrajudiciales que hasta 2018 se habían podido identificar, con datos aportados por los mismos organismos de seguridad que hablan de estas muertes como ¨resistencia a la autoridad¨ y con el relato desgarrador de las familiares, esposas, madres y hermanas de las víctimas, quienes describen un patrón de conducta represiva de estos cuerpos de seguridad, que claramente identifican una forma de acción y una política del Estado venezolano de imponer verdaderas campañas de lo que se ha convertido en ¨razzias¨, de ¨limpiezas¨ en los barrios y zonas populares y campesinas, para someter al pueblo por el miedo y la violencia.

La violencia contra los trabajadores se ha concentrado en la Administración Pública y las empresas del Estado. Ello obedece fundamentalmente a que, en el modelo económico impuesto por maduro, las empresas estatales están siendo privatizadas, es decir, cedidas al capital privado. En ese proceso de entrega, el gobierno ha tenido que desmontar y barrer con el conjunto de beneficios sociales y laborales del cual disfrutaban los trabajadores durante el período de gobierno del Presidente Chávez: para privatizar las empresas el gobierno tiene que limpiarlas, de lo que ellos llaman ¨costos laborales¨, es decir, los derechos laborales conquistados por los trabajadores durante años y años de lucha sindical.

Las decisiones antiobreras tomadas por el gobierno de maduro, a través de la violación de las Convenciones Colectivas, de los derechos conquistados en años de lucha, y la imposición de tablas salariales que llevan a la Administración Pública a una cubanización de su funcionamiento, violan la progresividad de los derechos laborales, garantizados por nuestra Constitución. La eliminación de los derechos laborales, incluidas las prestaciones sociales y el robo del trabajo de los obreros, a través de las políticas monetaristas y mecanismos de devaluación implementados por el gobierno, a partir de sus anuncios del paquetazo del mes de agosto de 2018. Contrasta esto con los privilegios groseros de los funcionarios del gobierno, amigos y empresarios del madurismo, ese pequeño 20% del país que está viviendo del saqueo de nuestros recursos y que tienen su expresión más chocante en los bodegones (antiguos Abastos Bicentenarios), cedidos por maduro a sus empresarios, los hoteles de 5 estrellas en El Ávila, las mansiones construidas en Los Roques y en La Tortuga para disfrute del madurismo, así como, la Zona Rosa de Caracas, donde ¨se vive la vida loca¨ del derroche. 

Es para adelantar la violencia de los trabajadores en las Empresas del Estado y la Administración Pública, que el gobierno de maduro ha utilizado a la Guardia Nacional. Las empresas estatales más importantes y que están en vía de privatización, como PDVSA, Corpoelec, Empresas Básicas, de Alimentos, Telecomunicaciones, Transporte, han sido militarizadas y han colocado al frente de ellas, oficiales de derecha, el ejemplo más emblemático es el general Quevedo, a quien el Presidente Chávez nunca le dio un rol protagónico en su gobierno, pero que, de la mano de maduro, hoy día se ha encargado  de reprimir y maltratar a los trabajadores.

El caso de los trabajadores de PDVSA y la ¨razzia¨ que hicieron con sus directivos, gerentes y operadores es el más demostrativo, y así lo hemos denunciado formalmente ante las Naciones Unidas. Una larga lista de cerca de 100 trabajadores secuestrados, sin derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a los que ahora les obligan a firmar confesiones de delitos que no cometieron y a incriminar a otros, y de esa manera, al menos, salir a su casa por cárcel, pero con la carga moral y ética encima de confesar un crimen que no cometieron. Es decir, les ¨joden el alma¨.

La represión en PDVSA, a pesar de que la empresa está en ruinas y maduro avanza sin obstáculos hacia su privatización, no cesa, porque los obreros siguen reaccionando ante el hecho de que les han arrebatado todas hasta las más mínimas conquistas sociales. Si algún dirigente creyó que la primera oleada de represión era sólo contra ¨los Ramiristas¨, la dura realidad, hoy les golpea en la cara. Siguen los despidos masivos, se eliminan los comedores, se extingue el sistema de salud, los jubilados están abandonados, los sueldos son miserables y los obreros mueren de enfermedades y de infecciones, todo, ante la indolencia de los militares. Para ellos, la represión sigue y los reclamos de los trabajadores siguen siendo  respondidos con detenciones, hostigamientos y despidos, como hicieron contra Deigmis Montilla del ministerio del Petróleo, contra las maestras de La Alquitrana, contra los trabajadores de Intevep o, en los últimos días, contra Marcos Sabariego y Gil Mujica de la Refinería de El Palito, o Dolores Herrera y Gustavo Yánez de PDVSA Occidente.

Pero la represión no es solo contra los trabajadores de PDVSA o el Menpet. Abarca también otras empresas del Estado y ministerios. Tal es el caso de las Empresas Básicas de Guayana, del Cemento, Agropatria, etc., con las detenciones de Rubén González y José Hidalgo (Secretario General de Sutrapuval), Adul Hurtado, Rodney Álvarez, Giovanni Zambrano, Roberto Alvarado (Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Olaca) y David Toro (Secretario General del Sindicato de Servifor), Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Alexis Perdomo,  Francisco Perdomo, Jaime García, Douglas Álvarez, Josney Monsalve, Tony Briceño, José Gregorio Jaimes, Endry Perdomo,de Corpoelec; Giovanni Zambrano, Juan Ramón Barrios, Otoniel Ramos; el profesor Rodney Vladimir Moreno, del ministerio de Educación; Ramón Gómez (Secretario General del Sindicato de Empleados de la Gobernación del estado Sucre), junto a Carlos Ochoa y César Morales. En la empresa ALIMEX, en vías de venta a la compañía El Tunal, han sido despedidos 80 trabajadores y han detenido a 4 más bajo la acusación de ¨boicot y asociación para delinquir¨.

Estos nombres son sólo una muestra de que no se trata únicamente de los trabajadores de PDVSA, sino que la represión abarca a todos los trabajadores del Estado y la Administración Pública. Se les escamotean sus derechos, como el caso de los trabajadores de Pdvsa gas comunal, empresa cedida a las distintas gobernaciones, que a su vez, las privatizan; las empresas agrícolas y todo el ámbito económico del Estado venezolano, que está siendo objeto de privatizaciones y entregas, o como la violencia que se vive en las zonas del Arco Minero, donde en la devastación de la naturaleza y el saqueo del oro, vienen acompañados por un régimen salvaje y violento, donde los mineros y nuestros pueblos indígenas, no tienen ningún tipo de derecho.  Es decir, ya el madurismo se desenmascara como un gobierno antiobrero que seguirá avanzando en la entrega de las empresas del Estado y los recursos naturales, tanto a las transnacionales, como a sus empresarios. 

Estas denuncias hay que seguirlas haciendo, porque el silencio impuesto al país no le permite apreciar a los venezolanos la magnitud del desastre y la coherencia de la actuación de maduro. Mientras, éste confiesa que ocupa una parte importante de su tiempo viendo las series de Netflix, el modelo privatizador y entreguista sigue su curso. Es una máquina que pusieron a andar que seguirá moliendo y destruyendo lo que queda de la patria. 

Ante esta situación, los obreros tienen que asumir el papel de vanguardia que les corresponde, en defender no solamente sus derechos laborales, sino los intereses supremos del país. En este momento, los obreros están divididos y atomizados, tanto por la acción represiva del gobierno; la crisis económica que los afecta directamente; así como, por las rencillas políticas y la acción de los esquiroles que, traicionando los intereses de la clase obrera, actúan a favor de la privatización y la entrega.

La clase obrera debe establecer una agenda de lucha simple, con objetivos concretos. No caer en la tentación de la pugna entre la extrema derecha y sus dos vertientes: maduro, guaidó. Sobreponerse a la diatriba política sin sentido entre factores de la derecha y volver a levantar, con valor e hidalguía, la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, del pueblo, del salario; la defensa de los intereses del Estado ante su inminente privatización: la defensa de PDVSA, de Corpoelec, las empresas básicas y todas las empresas que van a ser rematadas por el madurismo; la defensa de la soberanía y del vivir bien de los venezolanos.; la reconquista plena de la vigencia de la Constitución y las leyes,  la defensa de los objetivos históricos del Plan de la Patria, la defensa de Chávez y su programa de gobierno revolucionario.

Es la clase obrera la que está llamada a sacar al pueblo de la confusión y el miedo, es la clase obrera la que debe organizarse, la que debe denunciar, la que debe luchar por sus derechos; de lo contrario, tarde o temprano les tocará el turno a cada uno. Hay que plantearse Frentes Obreros que incorporen a los distintos sectores de los trabajadores, que los unifique en uno solo, a los petroleros, los eléctricos, empresas básicas, campesinos, construcción, entre otros, dejar atrás las diferencias que los separan, las pequeñeces grupales y responder al madurismo con una sola cara, con una sola voz. La voz de los trabajadores de Venezuela.

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