La entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco

Por:  Rafael Ramírez

Para lo único que sirve el petro es para tener una medida de la entrega del gobierno de maduro y de la desigualdad social reinante bajo su imperio de terror. El pasado 12 de diciembre, el “Últimas Noticias” reseñó que la Sala Constitucional del TSJ aprobó, a solicitud del presidente de Pdvsa Manuel Quevedo, la conformación de una empresa mixta entre Pdvsa y una empresa de Chipre. 

A esta nueva empresa mixta se le adjudicó nada más y nada menos que la explotación del Bloque Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco, que era desarrollada por  “esfuerzo propio” de Pdvsa,con 30.032 millones de barriles de petróleo original en sitio y 10.468 millones de reservas desarrollables. Es decir, el TSJ asignó uno de los bloques más valiosos de la Faja, el  Bloque Junín 10, a una empresa de maletín desconocida, sin ningún tipo de trayectoria o proyectos petroleros, conformada en el paraíso fiscal de Chipre. A esta empresa fantasma se le adjudicaron 10.468 millones de barriles de petróleo, es decir, en términos del mundo madurista, 10.468 millones de “petros”, mientras que al pueblo se le promete “medio petro”. Esta barbaridad es una simple comparación, que evidencia a cuáles intereses responde el gobierno de maduro.

La referida empresa registrada en Chipre, obviamente para disfrutar de las condiciones de paraíso fiscal y del secreto que favorecen las operaciones financieras en ese país, que en nada tiene ni ha tenido que ver con el petróleo, es una compañía conformada por capitales de origen español, “Inversiones Petroleras Iberoamericanas”, representada por José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, representante de los intereses del grupo Cortina, soporte del Partido Popular español y hombre de confianza de José María Aznar. Este conglomerado empresarial, vinculado con la extrema derecha española, tiene como socios en esta operación a Alejandro Betancourt y Erick Malpica Flores, quienes fueron los artífices de la operación de aprobación de esta empresa mixta ante el TSJ.

Por cierto que cuando  este mismo grupo intentó entrar a la Faja Petrolífera en el año 2017, Diosdado Cabello arremetió en su programa de variedades-odio contra Blanco Balín, señalándolo correctamente como un agente de la extrema derecha española y prometiendo al público incauto, que este señor “no tiene nada que buscar en el país”. Te equivocaste Diosdado, una vez más, no sólo si tenían que buscar en el país, sino que se llevan, ante el silencio del Psuv, una gran tajada de nuestra vulnerada Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Y entonces ?

Pero más allá de los intríngulis y mezcolanzas de intereses económicos a los que nos tiene acostumbrado el madurismo, donde no hay ni principios políticos ni respeto a la ley, vamos al fondo. Lo hemos dicho, son los negocios, es la “base ética” que sustenta la unidad de los factores de oposición y del madurismo, en el saqueo del país, la entrega del petróleo y la privatización de Pdvsa. Es aquí donde encontramos el sustento básico de este acuerdo de convivencia. Veamos por qué todo esto es inconstitucional, por tanto, ilegal, y qué es lo que está sucediendo con el petróleo en Venezuela y con nuestra vapuleada Pdvsa.

En primer lugar, existía un conjunto mínimo de condiciones para las empresas que aspiran entrar a la explotación petrolera en Venezuela: tienen que tener experiencia, capacidad técnica demostrada y trayectoria en la industria petrolera. No puede ser una empresa desconocida, sin trayectoria ni proyectos en su portafolio, ni  capacidades financieras. Mucho menos, si se trata de desarrollar un proyecto tan complejo como los de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde requieres entre 12.000 y 20.000 millones de inversión, además de grandes capacidades técnicas y tecnológicas para producir y mejorar crudo extra pesado. Para abordar un Bloque como el Junín 10, se requiere de una empresa de comprobada trayectoria y capacidad, no puede ser una empresa de maletín registrada ex-profeso para explotar esta oportunidad.

Por otra parte, nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos establece un conjunto de pasos para conocer y discutir este tipo de contratos petroleros. Estos, por ser relativos a materias reservadas al Estado, son de interés público. Es decir, deben ser del conocimiento y debatidos en público. El legislador quería evitar con estas disposiciones, que los contratos fuesen aprobados en secreto, de espaldas al país, lesionando nuestros intereses y la soberanía nacional. 

Por ello, la Ley Orgánica de Hidrocarburos prevé que estos contratos, luego de ser revisados por el ministerio  de Petróleo y aprobados en Consejo de MInistros, deben ser enviados a la Asamblea Nacional que, por intermedio de la Comisión de Energía y Minas, los discute en todos sus detalles, interpela al ministerio de petróleo, a Pdvsa y al socio privado para luego someter  el contrato, con todos sus términos y condiciones, a la discusión de la Plenaria de la Asamblea y sólo entonces vuelve al Ejecutivo para que este emita el decreto correspondiente. Todos los términos y condiciones del contrato, el cual es un contrato tipo y único, justo para evitar favorecer a nadie, se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo hicimos nosotros durante todo nuestro período de gestión entre el 2002-2014.

El gobierno está aprobando contratos petroleros por la vía del TSJ,  es decir, sin discusión, revisión técnica, publicación, etcétera, en clara violación a lo dispuesto a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La pregunta es: ¿Por qué la Asamblea Nacional no dice nada? ¿Por qué guardan silencio? 

¿Tan ocupados están los diputados en sus negociaciones para la triquiñuela política, que estos temas no les interesan? ¿Tan ocupada está la directiva de la Asamblea tratando de tapar la cloaca de la Comisión de Contraloría, donde todos esos diputados, tal como lo denunciamos en su momento, están a sueldo del madurismo? ¿Por qué la Asamblea Nacional guarda silencio sobre la entrega del petróleo?  Una respuesta puede ser, que lo que hace maduro, es lo que ellos prometen que harán en su Plan País. 

El madurismo, experto en evadir la ley con la excusa del “desacato de la Asamblea Nacional”, entonces evita esta discusión y va directo a la Sala Constitucional del TSJ, todo ello con base en una sentencia hecha para tal fin (por lo tanto, viciada por incompetencia manifiesta y desviación de poder), la número 156, emitida el 29 de marzo de 2017, y que denunciamos en su momento. Sentencia que exigieron las empresas rusas y chinas antes de aceptar tomar mayor participación en Petromonagas y Petrosinovensa, pero que, sin duda, sirve a todas las empresas, de maletín o no, que vienen por el petróleo venezolano

En todo caso, si el gobierno esgrime el argumento del desacato de la Asamblea Nacional, institución  a la cual volvieron todos los diputados del Psuven un tácito reconocimiento a la misma, cualquiera pensaría que, lógicamente, por ser contratos de materia petrolera, es decir, de interés público y estratégico para el país, debería ser del conocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Así, por lo menos, se tendría conocimiento de los términos y condiciones. 

Nuevamente, vienen las preguntas. La Asamblea Nacional Constituyente, se supone que es un órgano “supra constitucional”, es decir, está por sobre todos los Poderes. Sus constituyentistas han levantado la mano para aprobar leyes de “inversión extranjera”, disposiciones que renuncian a nuestra soberanía jurisdiccional, entre otras leyes y disposiciones que lesionan nuestra soberanía económica y nuestra política petrolera. Es decir, han asumido facultades legislativas, obviamente también de dudosa legalidad,  entonces ¿qué le pasa a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué guardan silencio ante la violación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de nuestra soberanía y de los intereses del país? Conozco a muchos de los constituyentistas, hay excomandantes guerrilleros, intelectuales, ex-uchadores sociales, mujeres valientes. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué Diosdado solo aplaude? Con su silencio se hacen cómplices de la entrega del petróleo y la violación de la ley, en este caso, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos promulgada por el presidente Chávez y una de las razones fundamentales del golpe de Estado de 2002 y del sabotaje petrolero de hace 17 años, y cuya derrota pasa debajo de la mesa en este período madurista.

¿Quién conoce los términos y condiciones del contrato aprobado a favor de esta empresa chipriota? Veamos algunos temas que deberían preocupar al país o a los poderes públicos del Estado: 

¿Cuál es el plan de desarrollo de la empresa mixta? ¿Cómo se van a explotar esos 10.468 millones de barriles de petróleo? ¿Cuál es el factor de recobro? ¿Cuántos recursos se requieren para desarrollar ese proyecto? ¿Cuánta inversión traerá esta empresa de maletín? ¿Quién será el operador? ¿Quién comercializa el crudo? ¿Cuánta regalía pagarán, a cuál  tasa? ¿Cuánto pagan de Impuesto Sobre la Renta? ¿Existirá el arbitraje internacional para dirimir las controversias o se respeta la soberanía jurisdiccional de Venezuela?

Nadie sabe nada, pero para nosotros, que conocemos en detalle la Faja Petrolífera del Orinoco y sabemos de explotación petrolera, esta adjudicación a la empresa mixta Pdvsa-maletín chipriota no pinta nada bien para los intereses del país. Veamos.

Más allá de que sea un empresa de maletín, sin capacidad, ni experiencia, se le está otorgando el Bloque Junín 10, un área que era explotada por Pdvsa, donde ya nuestra empresa había realizado importantes inversiones de desarrollo y tenía una producción incremental. Es decir, se sigue privatizando Pdvsa a favor de los amigos de maduro. Este bloque era uno de nuestros mejores prospectos de desarrollo y, por su cercanía al área de Petrocedeño, resultaba natural utilizar la infraestructura existente de almacenamiento, transporte y mejoramiento de esta. Era una de las mejores áreas remanentes en la Faja. En nuestra gestión, recibimos por esa área propuestas de Cnpc, de la misma Total para explotación conjunta, pero nosotros la reservamos para producción propia de Pdvsa por todas las ventajas comparativas que tenía.

Es decir, la privatización de Pdvsa sigue su curso indetenible. Revisemos algunas actuaciones de lo que ha sido la gestión entreguista de maduro-quevedo. 

El 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia emite la sentencia número 156 que establece que los contratos de creación de las Empresas Mixtas en la industria petrolera, “pasan directamente del ministerio de Petróleo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde serán aprobados”.

El 12 de abril de 2018, maduro emitió el Decreto 3.368, otorgando a Quevedo “poderes extraordinarios” para elaborar y aprobar contratos petroleros. Con base en este decreto ilegal, Quevedo entregó 14 áreas de Pdvsa, entre ellas, las emblemáticas de Jusepín y Dación, a sus empresas relacionadas. Esos Contratos de servicios son una mala copia de los “Convenios Operativos” de la Apertura Petrolera de la IV República. Revirtió maduro la política de Plena Soberanía Petrolera, entregando nuevamente a los privados las áreas nacionalizadas por el presidente Chávez.

Los activos operacionales y la infraestructura de Pdvsa, la que todavía no ha sido abandonada y desmantelada por la desidia de su junta directiva, se ha entregado a operadores privados: los taladros, empresas de servicios, el manejo del gas.

El 3 de mayo de 2018, maduro elimina la Oficina del Ministerio de Petróleo en Viena, encargada de la fiscalización de las ventas de Pdvsa, a través de la fijación no discrecional, sino tipo fórmula, de los precios del barril. Ahora Pdvsa otorga descuentos del 30-40% por nuestro petróleo, sin fiscalización. Cuando los buques entran a Jose se convierte en una operación militar, impiden los accesos, para que se lleven el petróleo sin que nadie controle, ni fiscalice. Es un negocio de los militares.

El 18 de febrero de 2016 maduro cede participación de Pdvsa en Petromonagas y en septiembre de 2018 lo hace en Petrosinovensa. ¿A cuenta de qué? ¿A qué costo? ¿Quién lo autorizó? Fue la entrega de las joyas de la Corona, el corazón de la Faja Petrolífera del Orinoco nacionalizada por el presidente Chávez el 27 de febrero de 2007 y que nos ha costado enfrentar juicios de arbitraje internacional en contra del país.

En agosto de 2018, maduro entrega el gas de la Patria, del antiguo Proyecto Mariscal Sucre, a las transnacionales que operan en Trinidad y Tobago y a las empresas rusas. Entregaron el manejo del gas a la Shell y el gas del golfo de Venezuela a las transnacionales europeas. Las empresas rusas se llevaran todo el gas, sin pagar impuestos al país.

El 1 de agosto de 2018, maduro decreta la “exención de impuestos petroleros a las empresas que operan en el país. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo es que el gobierno sube el IVA a 16% al pueblo y elimina el impuesto a las ganancias de las transnacionales?

El dúo maduro-quevedo ofrecen a Chevron Texaco bajar las regalías del 30,33% al 20% para que no se fueran del país. Por supuesto que no se fueron.

La Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional discute una propuesta de la bancada de AD y el Psuv de modificar los términos y condiciones de los Contratos de las Empresas Mixtas, para que sean los privados quienes operen.  

El madurismo argumenta que la entrega es necesaria para aumentar la “producción de petróleo”, incluso maduro “ordenó”, cuando se llevó presos a Eulogio Delpino y Nelson Martínez, hoy se cumple un año de sus absurda muerte en cautiverio, “aumentar la producción en un millón de barriles día de petróleo”, cosa que Quevedo aseguró que haría, con cara de no entender lo que estaba diciendo.

La realidad es que a pesar de que han arrasado con Pdvsa para tomar el control de la empresa, a pesar de que tienen más de cien trabajadores presos, a pesar de que militarizaron la empresa y de que la entregan a los privados, la producción petrolera sigue en picada. En 2013 la dejamos en 3 millones de barriles día, en noviembre de 2017, cuando entró Quevedo, la producción estaba en 1,9 millones de barriles día, y en noviembre de 2019, a dos años de su entrada a sangre y fuego a la empresa, la producción, según el reporte de las fuentes secundarias en la Opep apenas llega a 697 mil barriles día, más baja que Colombia, muy cerca de Ecuador.

Mientras tanto, la Exxon Mobil perfora 30 pozos en aguas del territorio Esequibo, en las narices del gobierno, ante el silencio de los militares y de la oposición, la indiferencia del país, encandilado por las luces del Guaire o el plan terrorista del momento.

Lo increíble es que nadie diga nada en el país. Ni los militares, ni la Asamblea Nacional, ni la Asamblea Nacional Constituyente y mucho menos, el Psuv. Nada, a nadie le importa. 

Pobre pueblo venezolano, pobre país, nos cayó esta plaga que sigue destrozando todo a su paso, destruyendo conciencia y el amor por la patria. Yo lo seguiré denunciando, así me sigan acusando de cuanta estupidez se les ocurra. Ellos entregan la Patria, nosotros la recuperaremos junto al pueblo, junto al país patriota. ¡Venceremos!

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