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Opinión
06:55 AM / 06/12/2018
Encrucijada política, por Leopoldo Puchi
Leopoldo Puchi

El Banco Central de Venezuela ha comenzado a suministrar datos sobre la economía nacional al Fondo Monetario Internacional. Independientemente de la discusión que pueda abrirse en torno a la fidelidad de esas cifras, es indudable que ellas revelan la dramática caída del Producto Interno Bruto y las severas dificultades económicas por las que atraviesa el país.


A su vez, el FMI ha hecho sus propias estimaciones y considera que a la caída del Producto Interno Bruto del 15 por ciento en 2017 le sucederá una contracción de 18 por ciento en 2018. Se calcula que el PIB por habitante cayó un 35 por ciento entre 2013 y 2017 y que podría llegar a 60 por ciento en 2023.  

 
Las políticas económicas del Gobierno no han podido detener el deterioro que se evidencia en las cifras y se siente en las calles y la vida cotidiana. El Programa de Recuperación, luego de tres meses de haber sido anunciado no ha logrado alcanzar sus objetivos, aunque apuntaba en una dirección acertada de apertura económica.
Esto ha ocurrido, en una buena medida, porque parte importante de las decisiones que hacían parte del plan no fueron ejecutadas: no se implementó realmente un nuevo sistema cambiario que se basara en un precio creado por la oferta y la demanda, ni se instrumentó el incremento del precio de la gasolina por la falta de un sistema de cobro adecuado.


Ahora bien, más allá de estas consideraciones, el destino de cualquier programa económico será incierto sin una financiación internacional que permita incrementar la producción petrolera y liberar el sistema cambiario. Entramos así al terreno de las decisiones políticas, entendidas en una doble dimensión: de una parte, la necesidad de recurrir a organismos como el FMI para tener acceso al financiamiento requerido; y de otra parte, la necesidad del levantamiento de las sanciones financieras de las que es objeto el país. 
En síntesis, para obtener financiamiento internacional habría necesidad tanto de una decisión política del Gobierno venezolano de acudir a instituciones internacionales y hacer reformas en la economía, como de una decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar las sanciones.


La consideración de los caminos para que esas dos decisiones políticas puedan tener lugar nos conducen a una encrucijada: de un lado estaría la opción de un cambio abrupto, por la fuerza, del Gobierno, lo que contemplaría el impulso desde el exterior de un colapso; del otro, la opción de un proceso de negociaciones y acuerdos que apunte hacia la construcción de un modelo de cohabitación de las fuerzas en pugna, tanto internas como internacionales.


El sentido común indica que debe tomarse el camino de las negociaciones, que permitiría en primer término superar las dificultades económicas y las penurias sociales, y a mediano y largo plazo relanzar las potencialidades del país.
 

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