Presidente salvadoreño veta polémica ley dirigida a juzgar crímenes de guerra

“La ley contiene múltiples inconstitucionalidades, por lo cual he decidido vetarla", dijo el presidente Bukele.

Por:  Reuters

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó una cuestionada ley de reconciliación que buscaba juzgar a supuestos responsables de crímenes de guerra durante los años ochenta, argumentando que no cumple con las garantías de justicia para las víctimas.

El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación, que consta de 75 artículos, y que concede reducción de penas a supuestos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto del Ejército como de la guerrilla.

Bukele cuestionó la legislación avalada por un bloque de diputados de derecha porque con ella los supuestos victimarios no tendrán un castigo penal ejemplar si colaboran con la justicia y piden perdón o por su edad o condición de salud, ni serán responsables de pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

“La ley contiene múltiples inconstitucionalidades, por lo cual he decidido vetarla. Si la aprobábamos, éramos cómplices no solo de una inconstitucionalidad y de un fraude de ley, sino además de una infamia”, afirmó el mandatario en una declaración.

Bukele también cuestionó los plazos cortos de investigación y judicialización que la Fiscalía General debe cumplir para tramitar los casos, de lo contrario serán archivados.

El Salvador sufrió una guerra civil entre 1980 y 1992 que enfrentó a la exguerrilla de Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y el Ejército y dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Tanto las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas habían solicitado el veto del presidente a la ley.

Para superar el veto presidencial, los diputados necesitan 56 votos de los 84 posibles. A principios de febrero, Bukele y el Congreso agudizaron sus diferencias tras su ocupación armada en el salón de sesiones para presionar a los legisladores un préstamo para sus planes de seguridad.

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