Panamá regresa a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

Además de Panamá, la UE incluyó  en su lista negra a las Islas Caimán, Palaos y Seychelles.

Por:  AFP

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron devolver este martes 18 de febrero a Panamá a su lista negra de paraísos fiscales por no cumplir con criterios mundiales de transparencia, anunció el Consejo de la UE.

“Panamá no tiene una calificación de al menos Conforme en gran medida del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales para el intercambio de información previa petición y aún no lo ha resuelto”, concluyó el Consejo.

En enero de 2018, la UE retiró a Panamá de la “lista negra” creada un mes antes después de que se comprometiese a cooperar con el bloque y la puso en su “lista gris” para monitorear sus compromisos, de la que acabó saliendo en marzo de 2019.

La reintroducción del país centroamericano supone un revés para el gobierno panameño del presidente Laurentino Cortizo, quien desde su llegada al poder en julio busca borrar la imagen de paraíso fiscal desde el escándalo de los llamados Papeles de Panamá.

Además de Panamá, la UE incluyó  en su lista negra a las Islas Caimán, Palaos y Seychelles, que se unen así a Samoa Americana, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

Las Islas Caimán son el primer territorio de ultramar británico en pasar a la lista negra de jurisdicciones no cooperativas, “una advertencia para el Reino Unido” en la relación posbrexit con la UE, según el eurodiputado conservador Markus Ferber.

En su decisión, el Consejo de la UE, que representa a los países del bloque, reprocha a este territorio británico “no contar con medidas apropiadas en relación con la sustancia económica en el ámbito de los vehículos de inversión colectiva”.

La UE creó esta lista tras escándalos, como los Papeles de Panamá y LuxLeaks, para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas, si bien las sanciones previstas se limitan a la congelación eventual de fondos europeos.

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