Caso de muerte por brutalidad policial en Colombia pasó a la Fiscalía

La policía colombiana suspendió la semana pasada a dos de sus efectivos que estrujaron y utilizaron la pistola Táser contra Ordóñez.

Por:  EFE

El Ministerio de Defensa informó que la Justicia Penal Militar remitió a la Fiscalía colombiana el caso por el fallecimiento en Bogotá del abogado Javier Ordóñez a manos de dos policías que lo sometieron con brutalidad la semana pasada a lo que siguieron protestas que se han cobrado la vida de 13 personas en el país.

“Un despacho de esta jurisdicción ha decidido remitir a la Fiscalía General de la Nación las actuaciones que estaba adelantando en el caso de la muerte del señor Javier Ordóñez”, señaló un comunicado publicado por la cartera de Defensa, el lunes 14 de septiembre.

El documento detalló que “este tipo de decisiones se adoptan cuando los elementos de prueba recaudados no permiten afirmar que los hechos investigados tengan relación con actos del servicio”.

Ordóñez, de 46 años, murió el miércoles pasado luego de ser sometido por agentes que descargaron sobre él en múltiples ocasiones una pistola eléctrica Táser durante un arresto en Bogotá.

Tras las jornadas de enfrentamientos y actos vandálicos, al menos 10 personas fallecieron en Bogotá y otras tres en la vecina localidad de Soacha, víctimas de disparos con armas de fuego.

La policía colombiana suspendió la semana pasada a dos de sus efectivos que estrujaron y utilizaron la pistola Táser contra Ordóñez, un primer paso para apartarlos de la institución, medida extensiva a otros cinco vinculados al caso.

El Gobierno colombiano ha dicho que las violentas protestas contra el abuso policial fueron infiltradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, entre otros grupos de “anarquistas y terroristas”.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los actos de vandalismo y violencia fueron ataques coordinados contra la Policía, que deben ser investigados para determinar los responsables.

Recalcó que el Gobierno comparte la indignación por lo ocurrido y “garantiza el derecho constitucional a la protesta, siempre y cuando ésta sea pacífica. Pero también hay que dejar muy claro: lo que se presentó entre miércoles y domingo, el vandalismo y violencia en Bogotá y en otras ciudades del país, fue un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso con un objetivo único: atacar la institucionalidad”.

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