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Actualizado hace 32 minutos

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Opinión
03:55 AM / 09/02/2015
Vargas tragedia sin respuestas
Sabrina Machado
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 En la quinta Jennimar, del sector Mirabal, de Catia La Mar, el tiempo se detuvo, así como el dolor. Seis años no han bastado para superar la tragedia que le costó la vida a cuatro miembros de una familia, ni para borrar las huellas de un insólito siniestro, ocurrido el 28 de abril de 2008, poco antes de las 10 de la mañana, cuando aún las inquilinas del último piso de la vivienda dormían.
Las lágrimas brotan, a pesar del esfuerzo realizado por Asnaldo González para no mostrar su pesar, pero es inevitable. Con solo recordar, el dolor vuelve a hacerse tangible, como aquella mañana que empezó con un albañil en la casa, para remodelar la cocina de la residencia, y terminó con el velorio de una madre y su hija, mientras que otra joven se debatía entre la vida y la muerte, al igual que una niña de nueve años, que en cuestión de horas perdieron la batalla en centros hospitalarios de Caracas.
La caída de una avioneta Piper, propiedad de Charter People, sobre el techo de su casa —en el estado Vargas— le costó a Asnaldo perder a sus dos únicas hijas, gemelas, de 31 años, y a dos de sus cuatro nietos, de ocho y nueve años.


Su nieto mayor, Asnaldo Alexander, de 10 años, se encontraba en la escuela Emilio Gimón Sterling, aledaña a la residencia, y vio cómo la aeronave cayó sobre su casa. Para él su madre y su tía son “unas héroes”, porque la avioneta iba hacia su colegio. 400 niños se encontraban en ese momento en el patio, disfrutando del recreo. El aeroplano chocó contra el tanque de agua de la vivienda, lo que impidió que siguiera su curso.
“Sentí un gran estruendo, era como un terremoto, todo se estremeció, pensé que había explotado un transformador”, refiere el dueño de la casa, hasta que alguien le dijo: “Mira lo que tenemos en la platabanda”.
Al subir al tercer piso escuchó los gritos de sus hijas y sus nietas que eran abrazadas por el fuego. En compañía del albañil y del esposo de una de las jóvenes logró rescatar a Jennicee del Valle y a la pequeña Maryeg del Valle, quienes presentaban graves quemaduras. Jessenia Coromoto y Stephania del Valle fallecieron carbonizadas en el baño superior. Fueron encontradas por los bomberos, abrazadas.
El hombre también logró sacar del infierno desatado en su casa a Joecruz Alexander, su nieto de seis meses, quien la noche anterior había dormido con sus abuelos. El niño presentó quemaduras en varias zonas de su cuerpo e ingresó al hospital Miguel Pérez Carreño, de Caracas, con apenas el 14% de su capacidad respiratoria. “Todavía no sabemos cómo se salvó ese niño. Él se fue y regresó”, afirma quien hoy entrega la vida por los dos nietos que le quedaron, uno de cada una de sus hijas.


“Si no fuera por esos niños, mi esposa y yo sabrá Dios dónde estaríamos enterrados ahora”, indica el hombre entre sollozos, pero fuerte, firme en su lucha por una justicia que en seis años ha sido esquiva para esta familia, irrespetando su tragedia. En cuestión de horas perdió a sus hijas, sus nietas, su casa y todavía “ni un saco de cemento me han dado para por lo menos tapar el hueco que me quedó en el techo, y evitar que entren los gatos”, sentencia.
Mientras Asnaldo habla su hermana y sobrinas escuchan en silencio. El luto retoma el mando. Las lágrimas son imposibles de evitar. A pesar del tiempo transcurrido es un tema no superado y poco tratado. El único autorizado en la familia para conversar de la tragedia es el padre de las dos mujeres y el abuelo de las dos niñas fallecidas.
Cuando se aprecia el último piso de la estructura se evidencia que el tiempo se quedó congelado. En seis años Asnaldo solo ha subido una vez, justo hace un mes, para realizar la que ha sido la primera y única limpieza del sitio.
En el piso todavía están las bolsas llenas de escombros y basura y desde el exterior se observan los daños ocasionados por la avioneta. Todo está marcado por el negro, es evidente el paso de las llamas. La luz ingresa a través del boquete dejado por la aeronave. Aún quedan vestigios del tanque de agua que frenó al aeroplano.
Carmen Milagros, esposa de Asnaldo, jamás ha subido al que fuera el tercer piso de su casa. Hace tres semanas entró por primera vez a la vivienda, no pasó de la sala. Los recuerdos no le permiten avanzar. La casa que acogió a dos hijas y a cuatro nietos ahora está en manos de una hermana de Asnaldo.
“Comencé a recibir amenazas de expropiación y de invasión y antes de que otro se quedara con la vivienda le dije a mi hermana que se mudara con sus hijos”, afirma.
Desde ese 28 de abril no la habitó más. Duró dos días en la funeraria y luego dos meses en casa de una hermana. Hoy vive alquilado con su esposa y dos nietos en otro sector de Vargas.
Ni la Fiscalía ni el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil han aportado respuestas. El fiscal José Gregorio Morales, único especializado en materia aeronáutica del Ministerio Público, no ha presentado un acto conclusivo y la palabra del entonces director del Inac, capitán Luis Martínez Bravo, tampoco se ha cumplido. El funcionario prometió una indemnización a la familia, según denuncia la víctima de los hechos.
Todavía se desconocen los motivos que originaron que la avioneta Piper, modelo PA-31-310, matrícula N6463L, serial: PA-31-421, del año 1969, propiedad de la empresa Charter People, presidida por Andrés Scrocchi Tovar, siniestrara. Hasta ahora no hay responsables por estos siete fallecimientos.
Ese día también perdieron la vida los ocupantes de la aeronave: Alfredo José Anzola Jaumotte, de 34 años, y presidente de la empresa Smarmatic, responsable de la plataforma electrónica del sistema electoral venezolano; Eduardo Adán Ramírez Méndez, de 59 años, abogado de la organización transnacional y; el piloto Mario José Donadi Gafaro, de 43 años.
Las investigaciones posteriores al siniestro establecieron que el piloto en ningún momento reportó a la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, que presentaba una emergencia. La avioneta Piper presentó una falla en los motores, lo que provocó su caída a tierra.
Donadi Gafaro tenía un expediente en el Tribunal Segundo de Juicio del estado Vargas por tráfico de sustancias estupefacientes. El 22 de mayo de 2006 la juez Rosa Amelia Barreto Dianez lo condenó a ocho años de prisión, luego de ser capturado in fraganti en el aeropuerto de Maiquetía, cuando pretendió viajar a Francia con 1.283 gramos de cocaína en una maleta de doble fondo.
Para el momento del siniestro el piloto se encontraba con una medida cautelar de libertad, con orden de prohibición de salida del país. El viaje contratado a la empresa Charter People tenía como destino Vargas-Curazao.
Otra irregularidad señalada por Asnaldo es que en el informe de salida del aeropuerto internacional se registraron tres pasajeros y un piloto; sin embargo, en la aeronave solo iban tres personas. Se desconoce por qué se indicó de un cuarto ocupante cuando en realidad nunca abordó el vuelo.
González exige respuestas a seis años de su tragedia. Desde el 2010 interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de Scrocchi Tovar, exigiendo el embargo de sus bienes en procura de indemnizar a las víctimas del siniestro; sin embargo, el máximo tribunal del país no se ha pronunciado hasta el momento, llevando el mismo ritmo marcado por la Fiscalía.
“No habían sacado a mis muertas cuando Jorge Rodríguez y Rodríguez Chacín, que estaban al frente de mi casa, dieron la orden de sacar la avioneta del techo”; sin embargo, no ha habido la misma diligencia para velar por los derechos de los afectados. “Solo ruego a Dios que no venga un sobreseimiento, porque hasta ahí llegará mi tolerancia y paciencia”, señala con contundencia el padre y abuelo de las personas fallecidas, mientras recorre el piso fantasma de su vivienda.

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