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Actualizado hace 53 minutos

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Opinión
09:37 AM / 30/11/2017
¿Hay o no hay default?, por Víctor Álvarez
Víctor Álvarez /Premio Nacional de Ciencias
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A raíz de la caída de los precios del petróleo y de la producción de Pdvsa -fuente del 96% del ingreso en divisas que percibe Venezuela-, la crisis de la deuda externa estaba cantada Al no reaccionar a tiempo ante el acelerado deterioro de la capacidad de pago, el gobierno mantuvo la inercia de un cronograma que inevitablemente no podría ya cumplir.

La demora en el diseño y ejecución de una política de deuda externa, sincronizada con la verdadera capacidad de pago, pone al país a las puertas de un default desordenado y caótico al que no se puede llegar, si se quieren evitar las consecuencias que tendría para la economía y sociedad venezolanas.

Para evitar que la crisis de la deuda finalmente estalle, deudores y acreedores tienen que acordar las condiciones básicas para iniciar la renegociación, la cual tiene al menos seis premisas claves:

i)Que el proceso sea asumido como un asunto de Estado o interés nacional por parte del oficialismo y la oposición, toda vez que los efectos de una crisis de deuda se prolongarían a lo largo de una década, cuestión que haría inviable incluso un gobierno de la actual oposición;

ii)Ante el desconocimiento internacional de la ANC, es necesario reconocer a la AN como el Poder Legislativo que blindará legalmente el acuerdo final de la renegociación, el cual no podría ser luego desconocido o anulado por un nuevo gobierno;

iii)Que se designe un nuevo equipo negociador integrado por funcionarios que no esté sancionados, con los cuales los acreedores se puedan sentar a renegociar sin el riesgo de ser acusados al regresar a sus países de violar la prohibiciones estadounidenses y europeas;

iv)La presentación de un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social que demuestre claramente cómo la República y Pdvsa van a recuperar su capacidad de pago para cumplir con el nuevo cronograma de pagos, sin que el costo del ajuste recaiga sobre la población más vulnerable; y,

v)La diferenciación de la deuda de la República y Pdvsa, de tal forma que la renegociación comience por la deuda soberana y los recursos liberados se puedan destinar a levantar la producción de Pdvsa, reactivar el aparato productivo nacional y mantener el cronograma de pagos de la compañía.

vi)Un proceso de auditoría ciudadana de la deuda externa para identificar aquellos montos que fueron ilegalmente contratados, al perforar el marco legal y regulatorio y no contar con las autorizaciones debidas, tal como acaba de ocurrir con una deuda contratada por Citgo, revelación que llevó al encarcelamiento de su junta directiva.     

Tanto nadar para morir en la orilla

Después de sacrificar las importaciones de materias primas, repuestos y maquinarias que necesita el aparato productivo naciona,l con el fin de liberar divisas para pagar puntualmente a lo largo de cuatro años $ 73.000 millones en intereses y capital de la deuda, el gobierno de Nicolás Maduro finalmente reconoció que no puede seguir ese ritmo de pagos e hizo pública su intención de renegociar la deuda externa. En lo que resta de 2017, el país todavía tiene que pagar $ 1.470 millones, y en 2018 el monto asciende a $ 8.000 millones. Con unas reservas de petróleo que apenas superan los $ 9.000 millones, los precios del petróleo estancados y la producción de Pdvsa en declive, los ingresos estimados definitivamente no alcanzan.

En tales circunstancias, es preferible un acuerdo amistoso con los acreedores para evitar las acciones judiciales, sobre todo contra Pdvsa, que es la que puede ser objeto de embargo. Los acreedores saben que Pdvsa es la fuente del 96% del ingreso en divisas de Venezuela y los afectados por el incumplimiento pueden intentar defender sus intereses a través de litigios que generalmente desembocan en un embargo de los activos, cuentas bancarias y facturas por cobrar del deudor moroso. Pero si embargan Pdvsa, la compañía no podrá operar ni generar divisas para cumplir con los pagos pendientes. 

Una vez que el propio gobierno hizo un llamado para renegociar toda la deuda externa está reconociendo que no podrá pagar en las fechas establecidas, pero esto no significa que haya caído en un incumplimiento. La pregunta, entonces, ya no es si Venezuela incumplirá con los pagos de la deuda externa, sino cuando reprogramará los pagos.

 

¿Quién declara un default? 

Todavía hay mucha confusión sobre el incumplimiento de los pagos por parte de la República y Pdvsa. El incumplimiento puede ser declarado por una agencia calificadora de riesgo, pero un acreedor particular también puede anunciar que no le pagaron y por eso exige a la compañía de seguros que responda. Pero es la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) la que finalmente verifica y compruebe cuando un deudor incumplió con el pago de intereses o capital.

Standard and Poor’s y Fitch castigaron a la República con una calificación de default selectivo debido al retraso en el cumplimiento de algunas obligaciones. Un castigo semejante recibió Pdvsa  cuando no pagó a tiempo los bonos con vencimiento en 2017 y 2020. Para atizar las alarmas, ISDA resolvió que los retrasos que absorbieron el período de gracia de 30 días, constituyen razón más que suficiente para activar el pago de los seguros que los bonistas suelen contratar para protegerse contra un eventual default del deudor.  

A todas estas, el gobierno afirma que depositó los fondos en los lapsos previstos, pero que los retrasos que se han presentado y se seguirán presentando se deben al entramado de trabas y obstáculos que se han multiplicado a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, con el deliberado propósito de forzar a Venezuela a caer en el caos de un default y luego ser víctima de las demandas y litigios que se activarían en su contra. De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro cuestionó que Citibank no hubiese procesado oportunamente el pago de Corpoelec, cuyo retraso consumió el período de gracia y fue el detonante de la incertidumbre y confusión que todavía prevalece.

El pago oportuno de los intereses y el capital de la deuda externa exige que los recursos estén a disposición del intermediario financiero para el día en el que se vence la obligación. Si el gobierno no puede superar la carrera de obstáculos derivadas de las sanciones financieras, cualquier retraso puede ser interpretado nuevamente como un incumplimiento del compromiso adquirido, más no implica necesariamente que la República o Pdvsa se hundieron en un default. Si el pago finalmente se concreta en los días subsiguientes, los acreedores no tienen razones de peso para iniciar litigios contra Venezuela.

 

El riesgo de un default desordenado y caótico

Ahora bien, si los acreedores actúan descoordinadamente y, además de exigir el pago del bono retrasado, activan la aceleración de todos los pagos pendientes de intereses y capital, esto pudiera generar un verdadero caos, con graves daños a todos los acreedores.

Para un país que viene confrontando crecientes dificultades debido al colapso de los precios del petróleo y la caída en la extracción de crudos que golpea fuertemente su capacidad de pago, la aceleración de los pagos sería una desmesurada exigencia que Venezuela no podría cumplir. Esto podría ser el detonante de un default generalizado que pulverizaría el valor de los bonos de la República y Pdvsa en los mercados. Por eso, la renegociación amistosa de la deuda no es un asunto que conviene única y exclusivamente a Venezuela, sino también a los acreedores que no quieren sufrir la pérdida del valor de sus bonos.   

¿Reestructurar o refinanciar?

Cuando un deudor confronta dificultades para mantenerse al día con sus pagos pueden plantear un refinanciamiento o reestructuración de la deuda. Cuando se habla de refinanciación generalmente se hace referencia a un acuerdo voluntario y amistoso entre las partes para modificar el cronograma inicial, operación que puede incluir un período de gracia para que el deudor en problemas recupere su capacidad de pago. La reestructuración es un proceso más difícil y complejo, toda vez que suele estar acompañado de una exigencia del país deudor para que rebajen el monto adeudado, apliquen menores tasas de interés, así como un cronograma de pagos más holgado. Los acreedores preferirían recuperar el total de lo que invirtieron en la compra de los bonos tan pronto como sea posible.

Cuando un país cae en default e inicia una reestructuración de toda su deuda externa, los mercados financieros reaccionan sin compasión y aumentan el riesgo país, lo cual se refleja en un incrementando de las tasas de interés que le cobran a la nueva deuda emitida por el país en problemas. Es por eso que se requiere el auxilio de los organismos financieros internacionales, los cuales suelen condicionar el desembolso de recursos a la aplicación de rudas medidas de ajuste para enderezar el rumbo de la economía y recuperar la capacidad de pago. Con frecuencia, el costo del ajuste económico recae sobre la población más vulnerable que sufre un deterioro aún mayor de sus precarias condiciones de vida. La conflictividad social que se desencadena desemboca en problemas políticos que suelen frenar y hasta abortar los programas de reformas económicas que no toman en cuenta el impacto social.

Un buen Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social parte de identificar las medidas más adecuadas y viables, define con precisión el orden lógico en el que serán aplicadas, así como el ritmo más adecuado para su ejecución. Pero también anticipa situaciones que pueden desacelerar y cancelar la ejecución de las reformas al identificar oportunamente los sectores que se verían afectados en sus intereses económicos, sociales y políticos y, sobre esta base, se han ponderado los riesgos políticos que pueden abortar los cambios de la política económica.

Para evitar que la conflictividad social y la resistencia empresarial dañen la base de apoyo político, la viabilidad del programa de reformas no puede limitarse a la calidad del diseño técnico, secuencia y ritmo de las medidas. También tiene que armonizar las variables económicas, sociales y políticas para minimizar los riesgos de fracaso. La clave está en evitar que -una vez puesto en marcha el programa-, estallen reacciones sociales, empresariales y políticas que aborten las reformas. Por eso, el éxito de las reformas económicas requiere gran capacidad técnica y gerencial, fortalecimiento institucional, liderazgo político y mucha sensibilidad social. @victoralvarezr

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