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Actualizado hace 112 minutos

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Opinión
06:00 AM / 02/11/2018
El riesgo de estar presos, por Juan Pablo Guanipa
Juan Pablo Guanipa V.
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Todos los dirigentes políticos —unos más que otros— corremos el riesgo de caer presos. La persecución es evidente y el rastreo de nuestras actividades, medios de comunicación, vida personal, etc, están a la orden del día. No hay duda de que hacer política hoy en Venezuela implica un riesgo inminente que no podemos eludir. Pero hoy no me quiero referir a ese riesgo a caer presos. Quiero referirme al de estar preso. 
 
Este es un régimen que no respeta la dignidad humana. Su desmedida ambición de poder ha hecho que centenares de personas —civiles y militares— estén tras las rejas por el “delito” de luchar por la liberación de Venezuela. 

Pensar distinto es inaceptable para estos primitivos que han recurrido al expediente del encarcelamiento, el aislamiento, la tortura y hasta el asesinato para sembrar el miedo en el país y gobernar sin apoyo popular y sin oposición que pueda ejercer los mecanismos democráticos para que se produzca el cambio político tan ansiado por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. 

El riesgo de estar preso conlleva a hasta la posibilidad de perder la vida. Se han registrado al menos tres casos de presos políticos muertos dentro del centro de reclusión o luego de ser llevados a centros asistenciales después de meses sin ofrecerles el tratamiento médico necesario. 

Muchos casos podemos comentar. No podemos olvidar el caso de Rodolfo González, conocido como “el aviador”, quien supuestamente se suicidó en las celdas del Sebin; o del concejal de Primero Justicia en Apure, Carlos Andrés García, quien mostraba un evidente deterioro en su salud y no fue llevado a tiempo a un hospital a recibir atención médica. 

Tampoco podemos olvidar el caso de los policías metropolitanos, o el de los comisarios Forero, Vivas y Simonovis, todos con deteriorada salud y precarísima atención médica. O el caso de Leopoldo López, Raúl Baduel —padre e hijo—  y de tantos presos políticos que nunca han debido estar presos y que, además, les niegan los diversos derechos establecidos en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales a las personas privadas de libertad.  
 
Pero están muy frescos en nuestra memoria tres casos actuales que podríamos calificar como emblemáticos. El caso de Fernando Albán entra a la historia venezolana como un procedimiento absolutamente inaceptable. En su realidad todo fue inconstitucional: su secuestro, su desaparición, las torturas que le infligieron y que ocasionaron su muerte, el repudiable manejo de su cuerpo, lanzado de un décimo piso para simular un suicidio. Lo de Fernando jamás podremos olvidarlo los venezolanos. Su testimonio debe servir —y mucho— para impulsar el proceso de liberación de nuestra patria. Otro caso es el de Lorent Saleh. 

La descripción que hizo en entrevista concedida al Diario El Mundo de España, refleja con detalles hasta dónde puede llegar un régimen dictatorial en la utilización de la tortura psicológica y física. Lorent venció la sombra de esa tortura y su caso servirá para describir la monstruosidad que le ha tocado vivir a la mayoría de los presos políticos. 
El tercer caso que quiero referir es el de Juan Requesens, diputado principal a la Asamblea Nacional, acusado de magnicidio, detenido en medio de una flagrante violación a su inmunidad y a la constitución toda.

 Juan no pudo ser visto por su familia hasta después de haber cumplido cuarenta días de reclusión, sus abogados no han podido lograr que ejerza adecuadamente su derecho a la defensa. No ha podido contar con sus medicinas como paciente bariátrico. Una necesaria atención odontológica ha tenido esperar que a sus carceleros les dé la gana trasladarlo al centro respectivo. 

La historia debe dedicarse a documentar cada uno de los casos de los presos políticos de esta oscura etapa de la historia venezolana. Cada caso debe ser registrado para que sirva de ejemplo de lo que nunca más debe pasar en nuestro país. 

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