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Mundo
05:33 PM / 07/11/2018
Fiscalía peruana abre investigación a esposo de Keiko Fujimori
AFP
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La fiscalía peruana abrió una investigación por presunto lavado de activos contra el marido de la encarcelada líder opositora Keiko Fujimori, el empresario italoestadounidense Mark Vito Villanella, informó el miércoles su abogada.

"Sí, lo acaban de comprender el día de ayer (martes). Es el mismo caso por presunto lavado de activos" que el de Keiko, dijo a la AFP la abogada Giuliana Loza, que defiende a la pareja.

La decisión de investigar al marido de la líder opositora fue tomada por el fiscal José Domingo Pérez a raíz de la compra de dos terrenos con fondos de origen presuntamente ilícito, en 2015 y 2016. 

"Formalizar investigación preparatoria contra Mark Vito Villanella por el presunto delito de lavado de activos", dice la resolución de la fiscalía, publicada por el sitio web del diario La República.

Los terrenos situados en el distrito de Chilca, al sur de Lima, costaron unos 183.000 dólares, que Villanella afirmó este miércoles que pagó con sus ahorros, criticando la decisión de la fiscalía.

"La injusticia no tiene límites. No soy una persona política, parece que el juez (Richard Concepción) Carhuancho me quiere meter a la cárcel", declaró Villanella al canal N de televisión, aludiendo al magistrado que envió a prisión preventiva a su esposa hace una semana.

"No quieren dejar a mis (dos) hijas sin mamá, ahora quieren dejarlas sin papá. Es una cacería", agregó Villanella, quien se autodefinió como "un empresario exitoso".

La abogada Loza presentó el martes una apelación contra la prisión preventiva por 36 meses que Keiko cumple desde hace una semana, que debe ser resuelta en los próximos días por un tribunal.

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) está en prisión preventiva por riesgo de fuga o de que intente obstruir las investigaciones en su contra por recibir supuestamente aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2011.

Además, la justicia debe decidir los pedidos de prisión preventiva por 36 meses contra otros 10 coacusados, entre ellos dirigentes y asesores del partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista), que controla el Congreso peruano.

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