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Experiencia Panorama
09:00 AM / 06/11/2017
El laberinto judicial del retardo procesal
Marian Chávez
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@GuiasUba

“Un calvario judicial es lo que estamos viviendo mi hijo  detenido y yo.  Lleva dos años esperando porque se realice una  audiencia. Mientras tanto, pasa todo el día parado en la celda del Cicpc San Francisco, porque  no cabe un preso más”. Así resume  la madre del reo de  apellido Pérez las trabas judiciales que deben sortear los imputados.   
La mujer se niega a revelar sus identidades.  Afirma que, desde enero de 2015— cuando atraparon a su hijo por, presuntamente,  robar en una vivienda en el barrio Carabobo— le han “suspendido unas 12 audiencias porque no están todas las partes. La víctima nunca  ha aparecido”.
De acuerdo con la Organización No Gubernamental Provea, “el 70% de los privados de libertad, tanto en cárceles nacionales como en centros de detención preventiva, está aún en proceso. No han sido condenados, son presuntamente inocentes”. 
Una informante de los Tribunales explica: “Las causas del retardo procesal no solo son atribuibles  al poder judicial porque los jueces siempre están en los despachos. Hay otras, como: ausencia del fiscal (incidencia mínima), que la víctima no asista porque no fue localizada, que las partes no estén debidamente notificadas o que no cumplan con la comparecencia en el acto”.   
El funcionario indicó que en el Zulia no se puede medir el retardo procesal pues fluctúa la cantidad de procedimientos que se manejan cada semana. 
 PANORAMA tuvo acceso a parte de las estadísticas del organismo judicial: Desde el 25 al 29 de septiembre se fijaron 1.275 audiencias en todo el Zulia, de estas solo se celebraron 248 y 1.027 quedaron diferidas. Un 75%, aproximadamente de las razones  de diferimientos estuvieron ligadas al imputado. 
Del 2 al 6 de octubre se realizarían 1.205 audiencias, pero solo  efectuaron 214. Sin efecto quedaron 991. Nuevamente los imputados tuvieron  la mayor parte de responsabilidad,  debido a falta de traslados desde los centros de arrestos hasta el Palacio de Justicia.   
 “Siempre van a señalar a los Tribunales como principal causante  porque somos la cabeza visible de todo esto, pero no es así.  Regularmente somos supervisados y debemos atender las causas”, indica el funcionario. 
Sobre la demora de justicia, la abogada penalista zuliana Marianela  Canga explica que  el tiempo de cualquier proceso judicial dependerá de la entidad del delito y de su complejidad. “En la fase de investigación el Código Adjetivo prevé un procedimiento especial con lapsos breves para los delitos menos graves y un proceso ordinario más prolongado para los delitos graves”. 
Sigue: “ Y en la fase de juicio se discurrirá el proceso con la ayuda de las partes (Fiscal, Defensor y Acusador Privado si lo hubiere) quienes traerían sus pruebas con la celeridad debida”     .   
En relación con la falta del agraviado a las audiencias, Canga señala:  “Que no comparezca la víctima, pese a que fue notificada, no es causa para diferirlas porque el Ministerio Público la representa”. 
Continúa: “La única circunstancia para diferirla es cuando las víctima no ha sido notificada. Pues en el caso de la verificación de la audiencia preliminar se le debe garantizar el derecho a presentar acusación particular propia o adherirse a la acusación presentada por  la Fiscalía”. 
Para evitar estas situaciones que entorpecen el desarrollo del caso, en diciembre de 2016 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó en su resolución 2016-001 utilizar videoconferencias. 
“Cualquier persona que pudiera ser citada a las audiencias podrá participar por medios telemáticos, ya sea mediante telepresencia, videoconferencia u otro medio de comunicación telemático, audiovisual, bi o multidireccional e instantáneo...”, expresa el documento. 
Estas medidas ya habían sido aplicadas en los tribunales en materia de Género, y en los de Protección del Niño y Adolescente, cuando fue aprobada su utilización en 2008. 
En tanto, en julio de 2014, la presidenta del TSJ de ese momento, magistrada Gladys Gutiérrez,  autorizó el uso de esta herramienta tecnológica entre el Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses, y el organismo judicial para evitar los traslados de los expertos a las audiencias. 
Pese a la evolución tecnológica en el sistema judicial venezolano, aún en el Zulia no  se ha celebrado la primera audiencia penal  con este tipo de método. 
Otros  de los procesos para combatir el retardo procesal es el Plan Cayapa, pero su implementación este año en el estado ha sido poca. 
El pasado 1 de septiembre, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, informó que para octubre se le aplicaría este plan a los reos de los
 18 calabozos de las comandancias  y dos retenes del Zulia, pero se conoció que solo se efectuó en el centro de formación femenino Ana María Campo, que hasta ahora no registra hacinamiento. 
Mientras tanto, la madre del detenido Pérez sigue orando “por un milagro judicial para que no  pague ´cadena perpetua’ sin ser sentenciado”.  
 

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